El Ejecutivo local de Miño elevará hoy a comisión informativa la propuesta de crear una nueva plaza de personal eventual para funciones de "asesoramiento al grupo de gobierno en materias correspondientes al ámbito de sus competencias". Según recoge la propuesta, este asesor tendrá una retribución anual de 24.500 euros, a los que hay que sumar 8.500 de Seguridad Social, por lo que el coste total será de 33.000 euros.

El alcalde, Ricardo Sánchez, firma una providencia en la que argumenta que la falta de personal eventual representa "una importante carencia que vienen arrastrando los órganos de gobierno del Concello desde el inicio del mandato", aunque sin aclarar qué necesidades específicas deberá cubrir este asesor.

El incremento de los gastos del gobierno local llega después de que el Concello se viese obligado a aprobar un plan económico financiero con subida de impuestos y ajustes en subvenciones y servicios para garantizar la devolución del millonario préstamo para pagar a los expropiados de Fadesa.

El Ejecutivo municipal argumenta que la contratación de este asesor no supondrá un incremento de los costes del capítulo de personal, dado que no prevé cubrir la plaza de técnico del departamento de Tesorería, por lo que que financiará el cargo de asesor con el gasto consignado para esa plaza. La propuesta ha sido informada favorablemente por Secretaría e Intervención.

Todo apunta a que la propuesta, que deberá aprobarse en pleno, no contará con el apoyo de la oposición. El PSOE ha criticado desde el arranque del mandato el gasto político y ha reclamado sin éxito al Ejecutivo municipal que se redujese el sueldo dada la crítica situación que atraviesa el Concello.

La propuesta del Gobierno local de incrementar el gasto político con la contratación de este asesor llega además unos meses después de un bronco pleno por el coste de los sueldos políticos. La oposición reclamó sin éxito que el Ejecutivo recortase sus salarios a niveles del anterior mandato. Los socialistas alegaron que el Concello registró en 2016 el mayor déficit de toda Galicia y criticaron al Ejecutivo por mantener unos salarios superiores a los de la legislatura pasada pese a aprobar en agosto un plan económico financiero con recortes en subvenciones y subida de impuestos.