El Concello de Sada defendió ayer que las licencias para la legalización parcial de la urbanización O Loureiro, propiedad de Abanca, han sido informadas favorablemente por los técnicos de Urbanismo y del departamento jurídico. "Todos los informes fueron favorables, siendo legalmente obligado para el alcalde otorgar las licencias", destacan desde el Ejecutivo municipal.
El Gobierno local defiende su actuación y niega las irregularidades que ha denunciado ante Fiscalía la compradora de uno de las viviendas autorizadas en el mandato de Ramón Rodríguez AresFiscalía y cuya licencia fue anulada en 2009. Como ya informó este diario, Abanca solo ha demolido dos de los chalés pareados y ha obtenido autorización para transformar los ocho restantes en cuatro viviendas aisladas, con las adaptaciones precisas para acatar la normativa.
El Ejecutivo municipal niega que la solución que plantea Abanca incumpla la normativa, al contrario de lo que sostiene la denunciante, que perdió casa y ahorros y que acusa al Concello de incurrir en fraude de ley para legalizar los chalés a un banco mediante una "aberración urbanística". El Gobierno local destaca que la concesión de los permisos de parcelación y de legalización de esta urbanización de diez chalés fueron otorgados el 2 de noviembre de 2017, antes de la entrada en vigor del plan general, y al amparo de la normativa provisional de 2012 y de la nueva ley de suelo. "Con la reforma de la Ordenanza Urbanística Provisional aprobada por la Xunta en 2012 y con los cambios en la ley de suelo se pueden otorgar licencias que, previas a las obras de demolición y reforma, legalicen parcialmente lo construido, dado que sería absurdo demoler todo cuando parte de lo construido puede ser legalizado o ajustarse a la legalidad urbanística vigente", argumenta.
El Gobierno municipal destaca que el permiso está supeditado al visto bueno del juzgado, que deberá autorizar la petición de inejecución de sentencia que ha presentado este Concello. "El juzgado resolverá si estima la petición municipal o, por el contrario, la desestima y deben proseguir las actuaciones dirigidas a la totalidad de lo construido. Como no puede ser de otro modo, el Gobierno local dará cumplimiento y ejecutará lo que ordenen los órganos judiciales", concluye.
La urbanización de diez chalés pareados O Loureiro, en la localidad de Pazos, fue autorizada en 2005 por el Gobierno de Ramón Rodríguez Ares (PDSP). Los permisos fueron recurridos por la Xunta por amparar la construcción de diez viviendas pareadas en un parcela en donde la normativa solo permitía una; infringir la prohibición de segregación, admitir un exceso en la edificabilidad y densidad máxima de viviendas por hectárea. La Justicia dio la razón a la Xunta y anuló los permisos en 2009 (la sentencia fue declarada firme un año después).
Este desmán urbanístico dejó un reguero de damnificados. Compradores de buena fe, como la familia que ha denunciado ahora ante Fiscalía la legalización parcial de esta urbanización. La denunciante, que residía con su marido en Madrid, asegura que en 2006, antes de firmar el contrato, se desplazó a Sada para consultar la legalidad de la obra y que en el Consistorio, gobernado entonces por Rodríguez Ares, le aseguraron que todo estaba en regla. Un año después, cuando ya se habían mudado a Sada definitivamente, fueron conminados a abandonar la casa, que solo pudieron habitar unos meses.
Comenzó entonces un largo periplo judicial, que se saldó con una sentencia que les daba la razón, avalaba la resolución del contrato de compraventa y condenaba a la promotora Frainde a devolverles el dinero. La constructora entró en concurso de acreedores, que fue declarado culpable, y no devolvió el dinero a los compradores.
Ante el intento de legalización de esta urbanización en el plan general aprobado inicialmente en 2013, esta compradora exigió la ejecución de la sentencia firme de derribo. El alcalde, Benito Portela abrió en julio de 2015 un expediente de legalidad urbanística "tendente a la demolición de las diez viviendas" y en junio de 2016 dictó una providencia en la que instaba a Abanca a presentar en el plazo máximo de tres meses un proyecto de la demolición de los diez chalés pareados bajo amenaza de multas y de ejecución subsidiaria.
Un año después, Abanca presentó un proyecto de legalización y en noviembre de 2017, el alcalde firmó un nuevo decreto en el que concedía al banco licencia de legalización y de parcelación para cuatro fincas.
