La familia Franco ha dado los primeros pasos para sacar a la venta el pazo de Meirás. Según han informado diversos medios, los herederos han solicitado una tasación del inmueble pocas semanas después del fallecimiento de la matriarca, Carmen Franco, el pasado 29 de diciembre. La noticia ha desatado una oleada de críticas entre las instituciones y colectivos que demandan la devolución al patrimonio público de este inmueble que fue adquirido mediante ventas forzadas, descuentos en nóminas de los funcionarios y emisión de bonos supuestamente de compra voluntaria, para agasajar a Francisco Franco durante la Guerra Civil.
El inicio de los trámites para desprenderse de la que fue residencia de veraneo del militar golpista, de los que informó ayer ABC, llegan en plena batalla política por recuperar esta propiedad declarada Bien de Interés Cultural en 2008. La Xunta, que tiene derecho preferente de compra de este Bien de Interés Cultural, declaró ayer desconocer que la familia pretenda sacar a la venta el pazo. El Concello de Sada, que también podría ejercer ese derecho, manifestó también su sorpresa ante las informaciones.
La Consellería de Cultura aseguró ayer que no ha tenido ninguna comunicación formal ni informal por parte de la familia Franco. El Gobierno gallego recalcó que su intención es recuperar la antigua residencia de Emilia Pardo Bazán para el patrimonio público siempre y cuando "no implique un nuevo coste para el pueblo de Galicia, que ya lo asumió en 1938". El Gobierno gallego cierra totalmente la puerta a la compra, opción a la que sí recurrió para hacerse con otros Bienes de Interés Cultural, como el castillo de Pambre, por el que pagó cinco millones.
El Concello de Sada también se ha manifestado en contra de "volver a pagar" por el pazo de Meirás y mantiene su propósito de recuperarlo para el patrimonio público. El Ejecutivo municipal (Sadamaioría, PSOE y BNG) ha incluido el pazo de Meirás en un plan especial de protección para facilitar su devolución, supeditada a un cambio en la ley de la memoria histórica. Anticipándose a un posible intento de venta, el Gobierno municipal añadió una disposición transitoria para que hasta la aprobación y entrada en vigor del plan especial, el pazo quede sujeto al régimen transitorio contenido en el artículo 57 de la Lei de Patrimonio y no se admitan cambios de usos.
La limitación de usos que impone el PXOM de Sada no es el único obstáculo al que pueden enfrentarse los Franco a la hora de vender el pazo. La Lei de Patrimonio establece que la venta de un BIC debe ser notificada a la Consellería de Cultura, que dispondrá de un plazo de tres meses de derecho de tanteo para sí o para otras instituciones públicas, como el Concello de Sada.
Esta dilataría los tiempos y permitiría a Xunta y Diputación buscar las lagunas en la transmisión que permitan exigir su devolución.
La Xunta ha formado una comisión de expertos para recuperar este bien al entender que existe un "vicio oculto" en la adquisición, y la Diputación ha constituido la denominada Junta Pro Devolución del Pazo, de la que forman parte concellos y colectivos.
El Gobierno provincial fue el primero en reaccionar ayer ante la noticia de su posible venta. La vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, acusó ayer a los Franco de pretender "agilizar la venta" para evitar que prosperen las iniciativas para que el pazo pase al patrimonio público y se convierta en un Centro de Divulgación de la Memoria Histórica. "Quieren verse libres de una propiedad que es resultado del saqueo al pueblo gallego y que es el centro de una demanda social", denunció.
La responsable provincial avanzó su intención de presentar en las próximas semanas el informe jurídico que abriría las puertas a la recuperación de Las Torres de Meirás. Goretti Sanmartín sospecha que son precisamente estas indagaciones las que han llevado a los Franco a agilizar los trámites para la venta del inmueble: "Saben que hay vías legales que cuestionan la propiedad familiar", sostuvo.
La Comisión Pola Recuperación da Memoria Histórica manifestó ayer su rechazo frontal a la venta de un bien "ilegítimamente conseguido en tiempos de la dictadura". "El pazo de Meirás no se compra, porque ya lo pagó la ciudadanía gallega, que fue expoliada en los negros tiempos del franquismo", destaca el colectivo, que hacn un llamamiento a la movilización para evitar otro "expolio".
La reclamación ha cobrado fuerza tras encomendar la familia la gestión de las visitas al pazo a la Fundación Francisco Franco para que exalte la "grandeza" del dictador. La publicación del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un espolio, de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, acrecentó las críticas al documentar el desvío de fondos públicos al pazo de Meirás durante toda la dictadura.
Expertos jurídicos destacan que la venta, en caso de prosperar, podría declararse nula. El presidente de la comisión que analiza la incorporación al patrimonio público del pazo, Xosé Manuel Núñez Seixas, advirtió ayer de que el comprador se arriesga a las "consecuencias jurídicas" que, dice, "se le aplicarían a él y no a la familia Franco". Otros expertos apuntan a la posibilidad de pedir medidas cautelares.
