Contas destacó en su informe que con el procedimiento abierto el Concello habría tardado menos en adjudicar los contratos: en los procesos negociados que realizó tardó de media 166 días y con el abierto habría tardado 60. Una obra tardó un año y siete meses cuando lo previsto eran cuatro meses; y en otro caso se preveía un mes y se tardaron seis. Destacó que en todos los contratos negociados sin publicidad, se incumplía el deber de justificar este procedimiento "extraordinario". Indicó también que una licitación se tramitó como urgente sin nada que lo justificase y que en algunos contratos se incluían en los pliegos valoraciones de criterios que en realidad no son más que deberes obligatorios por ley para empresas, como llevar los residuos a un vertedero autorizado. Advirtió "una gran indeterminación en la descripción de los criterios" en la propuesta técnica y en la valoración de las mejoras propuestas, que "podrían limitar el cumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato".
Este órgano añade que los pliegos consideran "incorrectamente como criterio de adjudicación la posesión de estándares y certificados de calidad", como el ISO, que no deberían ser valorados sino que son requisitos de solvencia que deben cumplir las empresas para se admitidas.
