Los bloques de viviendas de la Avenida Párroco Villanueva construidos por Inmobiliaria Folgar llevan más de quince años inmersos en un embrollo urbanístico que, supuestamente, debería solventar el plan general. Y los vecinos se han llevado un chasco mayúsculo al comprobar que la Xunta ha dejado precisamente este ámbito en suspenso en su orden de aprobación definitiva del ansiado proyecto urbanístico. "No había dicho nada antes y ahora somos los únicos a los que dejan fuera del plan general pese a todo lo que llevamos peleado", denuncia David Santoandré, propietario de uno de los pisos y abogado que batalla desde hace ya tres lustros para exigir una solución.

De todos los follones urbanísticos de Sada, el de la Unidad de Ejecución 8 (UE-8) de Párroco Villanueva es de los que daría "para escribir un libro", denuncian cuatro representantes de la comunidad de propietarios. Basta con decir que los garajes de su edificio, el 24-26, en el que residen unas ochenta personas, disponen de una escalera que se interrumpe sorpresivamente en el segundo piso, que los residentes han tenido que "abrir el paraguas" o "salir bote" de los sótanos y que tampoco disponen de accesos traseros al parking porque la urbanización está inacabada.

Sorprendentemente la entrada trasera al garaje no da a la calle, sino a un segundo piso; hay trasteros inutilizados por las inundaciones y el lugar que debería ocupar una zona verde y un vial es un socavón lleno de maleza y agua estancada. "Viene una pareja de patos todos los años", relata Pilar Dequidt, una de las afectadas: "Es todo una desfeita total, yo ya me río por no llorar".

Los vecinos se han acostumbrado a situaciones "surrealistas", como tener que desbrozar ellos mismos una parcela para una revisión de las canalizaciones, relata Luis Vidal. La Justicia ha ordenado a la promotora finalizar la urbanización, que sigue sin plazos, y los vecinos relatan que las únicas máquinas que han actuado en la zona han sido las del Concello, que ha realizado dos actuaciones subsidiarias.

A las deficiencias de los edificios y de la urbanización se suma la inseguridad que conlleva de residir en un edificio sin licencia de primera ocupación. Los vecinos aseguran que desconocían la situación cuando compraron. "Pecamos de pardillos", lamenta Alberto Sánchez.

Los propietarios exigen a la Xunta una solución y sospechan de la existencia de intereses urbanísticos. Recuerdan que la ordenación aprobada inicialmente por el PP legalizaba los bloques, el edificio aún en estructura y permitía construir uno más en el socavón; mientras que el PGOM a aprobación definitiva ofrecía una solución de menor edificabilidad, al dejar los terrenos del socavón y del edificio inacabado como zona verde y prever solo un pequeño equipamiento de uso social. "Suena a especulación pura y dura", critica Santoandré.