La Diputación de A Coruña ha presentado esta mañana un avance del informe jurídico-histórico que presentará el próximo 1 de marzo al resto de los integrantes de la Junta Pro Devolución del Pazo de Meirás. El profesor de Derecho Administrativo de la USC Xabier Ferreira fue el encargado de avanzar las conclusiones. Este experto ve viable incorporar al patrimonio público la que fue residencia de veraneo del dictador a través de la vía civil, como plantea también el Concello de SadaConcello de Sada. Este jurista coincide con el Ayuntamiento sadense en que la opción con más vías de éxito pasa por plantear una acción de nulidad por simulación del contrato de compraventa.

Xabier Ferreira recuerda que el pazo de Meirás fue donado en 1938 al dictador, que estampó su firma en diciembre de eser año en el pergamino de entrega. Tres años después, en 1941, Francisco Franco, representado por Pedro Barrié de la Maza, compraba ante notario el inmueble a las herederas de Emilia Pardo Bazán. Este catedrático considera que hay pruebas suficientes para demostrar que se trató de un contrato fraudulento. Destaca el hecho de que las propias escrituras recogen que en el acto ante notario no se hizo entrega del dinero y apela a la existencia de un telegrama de Ramón Serrano Súñer de 1938 que informaba de la compra del pazo para su entrega al dictador. "Se trató de una compraventa entre una persona que ya poseía el bien y otra que ya lo había vendido", concluye el profesor universitario.

Para Xabier Ferreira el objetivo de esta tetra no era otra que esquivar la ley de patrimonio nacional de 1940, que estipulaba el carácter público de los bienes de "uso y servicio del jefe de Estado". "Fue una escritura de compraventa ficticia porque si no acabaría en el patrimonio nacional, sería público", concluye este experto, que llama la atención sobre el hecho de que el pazo de Meirás realizó una función muy similar a la del Pardo, es decir, la de residencia oficial. Incide en el hecho de que en el interior del inmueble se celebraron más de treinta consejos de ministros y otras tantas audiencias. Este catedrático destaca también en el hecho de que los bienes de patrimonio nacional nunca podrían ser objeto de usucapión (prescripción adquisitiva o positiva es un modo de adquirir la propiedad de una cosa).

La vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, explicó que las conclusiones de los informes se presentarán el próximo 1 de marzo a la Junta Pro Devolución, que deberá aprobar si se acude o no a la vía civil para recuperar el inmueble. La responsable provincial apeló a actuar con "agilidad" y "contundencia" ante el anuncio de venta del pazo y afirmó que las conclusiones jurídicas e históricas evidencian el "proceso de expolio y robo al pueblo gallego" que acabó con Las Torres en manos del dictador.