Intervención ha emitido un informe favorable a la concertación de un nuevo crédito de 1,1 millones para saldar la deuda principal con los expropiados por la macrourbanización de Martinsa Fadesa. La funcionaria considera que procede aceptar el préstamo que Ministerio de Hacienda ha concedido al Concello a través del Fondo de Impulso Económico dado que el Concello no puede hacer frente a la deuda con fondos propios ni dispone de otras vías de financiación y podría "incurrir en responsabilidades mayores" de no efectuar los pagos.
La habilitada nacional advierte aún así de que la concertación de este nuevo crédito, que se suma al de 12,5 millones solicitado a principios de mandato, "agravará" todavía más la delicada situación contable del municipio, que registró en 2016 el mayor déficit de toda Galicia. Ante esta situación, la interventora apela en su informe a la "responsabilidad política de la Corporación" para "adoptar todas las medidas de saneamiento que sean necesarias para lograr hacer frente al préstamo".
El informe recoge una proyección presupuestaria a diez años vista y concluye que el Concello carecería de capacidad para hacer frente al préstamo durante los ejercicios 2019-2025 (dispone de diez años para devolverlo, dos de ellos de carencia). Intervención ya había advertido en el pleno de 2017 en el que se aprobó el plan económico financiero que las medidas recogidas para garantizar la devolución del préstamo de 12,5 millones eran "insuficientes".
La petición de un nuevo crédito para pagar a los expropiados fue aprobada en solitario por el Gobierno local. La oposición se abstuvo y criticó al Ejecutivo por incrementar su deuda bancaria sin explicar qué medidas de ahorro tenía previsto adoptar.
El Gobierno municipal mantiene que no será necesario realizar más ajustes por el nuevo crédito. El PSOE acusa al alcalde y a sus socios del PP de "mentir" y critica que tampoco tenga en cuenta los cerca de nueve millones pendientes en intereses "reconocidos por sentencia" y que el Ejecutivo se niega a pagar. Su negativa suscitó también las críticas del BNG, que recordó que los intereses "son parte de la deuda con los expropiados".
