El Concello de Miño reactiva los trámites para la construcción de la macrourbanización de Monte Piñeiro, un proyecto gestado en plena burbuja del ladrillo y que podría complicar aún más las cuentas de este municipio asfixiado ya por deudas derivadas de su descontrolado crecimiento urbanístico.

El Ayuntamiento ha sacado a contratación la redacción de una modificación puntual del plan general que incluya la ordenación detallada de este controvertido ámbito, muy contestado por las asociaciones ecologistas por su proximidad a las marismas del río Baxoi (incluidas en la ampliación de la Rede Natura que sigue pendiente).

La contratación de los trabajos llega un año después de que el Ejecutivo encargase un informe sobre este desarrollo urbanístico que, admitía, presenta una "problemática" que podría "comprometer" más su ya de por sí "delicada situación económica". El Gobierno local no llegó a hacer públicos los resultados de este informe externo, que debía explicitar la "solución más adecuada a los intereses municipales" y las opciones de las que disponía el Ayuntamiento para el desarrollo del sector R-3 Piñeiro.

La tramitación deberá estar finalizada en un máximo de 20 meses y deberá prever el refuerzo de las comunicaciones y la red de agua y saneamiento y evaluar "los movimientos de población y de mercancías que puedan derivarse del desarrollo del sector.

El pliego de condiciones no detalla las condiciones urbanísticas que debe cumplir el ámbito, solo incide en que la ordenación deberá adecuarse a la normativa ambiental, urbanística, de costas y de ordenación del litoral y garantizar el mantenimiento del arbolado autóctono y establecer las medidas necesarias para la integración del sector en su entorno.

La contratación de este cambio del plan general se produce cuatro años después de que el Concello iniciase una modificación del planeamiento que reconocía una edificabilidad de 0,60 metros cuadrados por metro cuadrado (muy superior a la densidad media del plan general de Miño, de 12,3 viviendas por hectárea) y en el que delimitaba 34 áreas residenciales, 21 de viviendas colectivas y 13 de unifamiliares.

El Ayuntamiento proponía reubicar las zonas residenciales en las cotas bajas de Monte Piñeiro, más en contacto con el núcleo urbano, para adaptarse al Plan do Litoral.

La propuesta despertó una oleada de críticas de la oposición y de asociaciones ecologistas, que instaron a la Xunta a frenar el desarrollo, que estaba en la zona de influencia de los 500 metros de la ley de costas (ámbitos en los que legalmente están prohibidos los desarrollos con una edificabilidad superior a la del suelo urbanizable del municipio).

A pesar de las quejas, la Consellería de Medio Ambiente no cerró las puertas al desarrollo en su documento de referencia, en el que permitía al Concello continuar con la tramitación, aunque con ciertos peros por su impacto ambiental.

La empresa adjudicataria de la redacción del nuevo plan deberá presentar un borrador en un plazo de tres meses a contar desde la firma del contrato.