Los seis impulsores de la reclamación de volver a exponer el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Culleredo (PXOM), avalada por más de 350 vecinos, insisten en negar intereses políticos, como les atribuye el Gobierno local. Aseguran que demandan una nueva muestra pública del documento urbanístico porque temen los efectos económicos y hasta legales que puedan tener los cambios incluidos con respecto al documento inicial aprobado en 2013. Añaden que el PSOE, grupo de Gobierno local, en contra de lo que aseguró a este diario, sí fue invitado a la reunión de esta semana a la que asistieron representantes de Alternativa dos Veciños, BNG y PP y la edil no adscrita, como prueban con una imagen que acredita el envío de un correo electrónico.

Uno de los promotores de la reclamación de exponer al público el documento actualizado, Marcos Martínez, decide "dar la cara" e insiste en negar la acusación de que existe una "campaña orquestada" por Alternativa o BNG, con la que el Ejecutivo local quiere desacreditar sus demandas. "Yo no soy de ningún partido y, de hecho, mi pensamiento es más afín en todo caso al PP -grupo que no ha mostrado apoyo a la petición-. Y solo Gonzalo es de un partido, del BNG -miembro de la ejecutiva local-, pero los demás no manifiestan alineaciones políticas", asegura el vecino. Martínez aboga por que se muestre el documento a los vecinos aunque no se reciban alegaciones para no demorar la aprobación del plan. El escrito que han trasladado a grupos de la oposición propone que se ponga a disposición de los ciudadanos durante un mes en la página web municipal antes de la votación del PXOM en pleno.

Los vecinos movilizados exigen, además, que el Ayuntamiento conteste a todas las alegaciones presentadas al PXOM. Reclaman desde hace meses que se responda a cada una, como también han solicitado en pleno en varias ocasiones grupos de la oposición.

Martínez asegura que la muestra sin recepción de alegaciones sería una solución válida a nivel legal, que daría cumplimiento a "la transparencia que prometió el alcalde" y que permitiría comprobar que los cambios introducidos no presentan problemas que amenacen la viabilidad del proyecto urbanístico. El impulsor de la reclamación apunta que, tras consultar documentos y recabar informaciones, los vecinos temen que el plan general pueda conllevar penalizaciones económicas para las arcas municipales por incumplir acuerdos existentes e incluso muestran "preocupación por que el documento urbanístico pueda incurrir en delitos penales" como consecuencia de algunos cambios incluidos.

El Gobierno local sostiene que los técnicos de la empresa redactora han visto innecesaria una nueva exposición pública por considerar que los cambios introducidos no son sustanciales. El Ejecutivo, además, señala que el proceso de exposición pública y de recepción y estudio de alegaciones, la fórmula prevista y habitual para la tramitación de planes generales, podría suponer un retraso de 5 años más.