Los cuatro grupos de la oposición en Betanzos sumaron ayer fuerzas para aprobar una moción del BNG que insta a paralizar la privatización del servicio de limpieza en los centros de enseñanza (el colegio Vales Villamarín, el conservatorio y la escuela infantil). PP, Betanzos Novo, Betanzos en Común y BNG afearon al gobierno socialista que iniciase los trámites sin informar a la Corporación ni al comité de empresa y a pesar de aprobar una moción en 2015 en la que se comprometía a mantener la gestión directa de este servicio básico.

El concejal de Personal, Diego Fernández, compareció a petición de Betanzos Novo y defendió que la privatización era "el único camino posible" por las restricciones estatales en materia de contratación y recalcó que el Ayuntamiento mantendrá a las actuales limpiadoras, que realizarán su labor en otros edificios municipales. El edil apeló a la insuficiencia de la actual plantilla, formada por seis trabajadoras, y explicó que Secretaría había emitido un informe desfavorable a la contratación de nuevo personal.

El PSOE tachó de demagógicas las críticas y apeló a las promesas incumplidas del Ayuntamiento de A Coruña, gobernado por Marea Atlántica, de remunicipalizar servicios o a la contrataciones similares en este ayuntamiento o en Carballo, gobernado por el BNG.

Sus explicaciones no convencieron a los grupos de la oposición, que instaron al PSOE a centrar el debate en Betanzos. El BNG acusó al Ejecutivo de apelar a las restricciones estatales cuando le conviene y le recordó que mantiene abierta la contratación de puestos "prescindibles" como el patrón para la lancha municipal, que carece de plaza en la RPT. Betanzos Novo tachó de "inaceptable" que tomase la decisión sin contar con el pleno pese a aprobar una moción en 2015 en la que se comprometía a mantener el servicio público y criticó al Gobierno local por no mostrar antes los informes de Secretaría a los que apeló en la sesión. El PP recordó que la ley establece excepciones para la contratación de personal en casos de servicios básicos y recordó que ya estaba en vigor en 2015, cuando aprobó mantener la gestión directa.