El Gobierno local de Carral rechazó ayer en pleno formar parte de un consorcio comarcal de transportes y sumarse a las reuniones que se celebran en A Coruña de cara a la constitución del área metropolitana, de las que se ausentan los alcaldes del PP, como el carralés, José Luis Fernández Mouriño, desde que se planteó la firma de la Declaración de María Pita, que rubricaron los otros siete regidores. El Ejecutivo municipal tumbó la urgencia de la moción presentada por el grupo socialista, por lo que se llegó a votar, aunque se produjo un debate en el que Mouriño dejó clara su oposición a que el alcalde de A Coruña presida las reuniones de cara a la formación del área metropolitana cuando todavía no ha logrado aprobar en el pleno coruñés la moción para su integración.

"Que hable con los grupos, con el grupo socialista, que lo puso de alcalde", apuntó Mouriño, quien añadió que la propuesta de Declaración de María Pita y de crear el área metropolitana por parte del regidor coruñés fue "oportunismo". En cuanto a las comunicaciones, celebró formar parte del transporte metropolitano de A Coruña y que los buses de Carral lleguen a Entrejardines y recordó que es competencia de la Xunta.

Mouriño aseguró que conversa con Cerceda para estudiar la implantación de conexiones de bus directas entre los municipios. Asemblea Cidadá de Carral-Son pidió después en un ruego que se creasen líneas con Cambre, donde se encuentra el Punto de Atención Continuada (PAC) adonde deben acudir los carraleses para sus urgencias sanitarias. El alcalde respondió que en el caso de Cerceda hay un nutrido núcleo con interés en este enlace, que sufragarían los ayuntamientos, y que aunque con Cambre "no hay" buses, "cuando hay una emergencia siempre hay quien te lleve o hay taxi".

El Gobierno local aprobó con la oposición en contra desestimar la alegación presentada por el comité de empresa del Concello a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por una trabajadora laboral fija -cuyo caso, calcula Mouriño, se resolverá probablemente en la próxima RPT-, y las alegaciones del PSOE por obras en las que aprecian deficiencias y para reclamar que se suba la partida de emergencia social de 5.000 a 25.000 euros para "no depender de que la Fundación La Caixa colabore" y no tener que "estirar los fondos". Por tanto, el Ejecutivo aprobó definitivamente el presupuesto, de 5,2 millones de euros. La edil de Servicios Sociales, Florinda Duarte, defendió aceptar la ayuda de La Caixa y aseguró que los fondos se subieron hace años de 3.000 a 5.000 euros y son suficientes.

En la sesión plenaria se aprobó por unanimidad corregir defectos en una solicitud de una subvención al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) para mejorar los centros culturales de As Travesas y San Vicente de Vigo.