Aqualia ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A Coruña que le obliga a abonar una indemnización de 12,8 millones de euros al Concello de Arteixo. La empresa exige que se anule el proceso judicial desde el momento previo a la emisión del fallo, ya que considera que la sentencia "no expresa la voluntad última del juzgador".

La magistrada que instruyó el caso anuló la resolución porque debido a un "error informático" se envió a las partes afectadas un "primigenio borrador", según aseguraba la juez, y más de un mes después decidió dar marcha atrás en su decisión y volvió a dar validez a la sentencia.

La multinacional considera que el fallo emitido por el juzgado es un "borrador" que "no es susceptible de recurso" y no ve razonable la decisión de la juez. "Resulta inaceptable que en un procedimiento tan complejo se obligue a las partes a recurrir en apelación un borrador de sentencia, dilatando aún más el procedimiento", afirma Aqualia.

Una de las razones que esgrime la empresa es que el "borrador de sentencia no expresa la voluntad última del juzgador y que en un fundamento concreto (los rellenos de Pastoriza y la compra de agua) es manifiestamente contradictorio" al de otra sentencia. En este último fallo estimó un recurso de Aqualia sobre los rellenos que se hicieron en el depósito de Pastoriza en el año 2013 para evitar cortes en el suministro. El Concello reclamaba cerca de 400.000 euros en este concepto (unos 540.000 si se tienen en cuenta los intereses), pero la juez aseguró que "no consta acreditada la urgente necesidad" de realizar estos rellenos, con lo que desestimó la petición. En cambio, en la sentencia de los 12,8 millones aparece este mismo apartado con un diferente final: da la razón al Concello.

Aqualia afirma en su recurso que "cualquier pronunciamiento" del Tribunal Superior de Xustiza "sería irrelevante", ya que en realidad la sentencia es "un mero borrador". "Si la Sala entrase a valorar el fondo del asunto estaría excediendo su competencia y realizando un análisis primigenio del problema en lugar de una revisión de una sentencia definitiva de un órgano inferior", señala la compañía dedicada a la gestión del agua.

El recurso que Aqualia presentó también prevé la posibilidad de que el Tribunal Superior decida entrar a revisar la sentencia. La multinacional indica que se ha producido una "errónea valoración a la hora de determinar la existencia de un incumplimiento esencial del contrato y una errónea valoración de la prueba a la hora de valorar los daños y perjuicios derivados del supuesto incumplimiento". También argumenta que no es correcta la responsabilidad que se le atribuye como socio privado de la empresa mixta, ya que también participaba el Concello como socio público.

La sentencia que la juez emitió, anuló y después decidió volver a dar por válida condenaba a Aqualia a pagar 12,8 millones de euros por incumplir el plan de inversiones con el que ganó el concurso público para gestionar la empresa mixta, por tener la red de tuberías "en un estado funesto" y por "la depreciación" que sufrió el sistema "tras la gestión de Aqualia".