Una firma acuícola coruñesa pretende invertir 100 millones en A Costa da Morte

MANUEL BARRAL | A CORUÑA La empresa acuícola coruñesa Sociedad Anónima de Actividades Piscícolas y Acuicultura PYAC, vinculada a un importante grupo gallego del sector de la construcción, pretende invertir en los próximos años 100 millones de euros para la instalación de varias piscifactorías de producción de rodaballo y lenguado en las costas gallegas. El objetivo final es sacar al mercado cada año unas 5.000 toneladas de peces planos, aunque la mayor parte del cultivo se centrará en el rodaballo.

La compañía está interesada en emplazamientos de nueva construcción que recoge el Plan Galego de Acuicultura en A Costa da Morte al considerar que "son las mejores aguas de Galicia para la producción acuícola". Por ello, PYAC ha presentado varios proyectos a la Xunta con la finalidad de obtener el permiso para construir dos o tres piscifactorías. Ahora está a la espera de que el Ejecutivo gallego defina las características que deben tener las plantas y si acepta las ubicaciones asignadas por el anterior Gobierno bipartito. El mayor obstáculo está en que muchas de las granjas de acuicultura ubicadas en A Costa da Morte han tenido una importante contestación por parte de los ecologistas y las plataformas vecinales, por lo que la conselleira do Mar, Rosa Quintana, se comprometió a buscar una solución al problema.

La firma coruñesa quiere que las instalaciones sean de nueva construcción para introducir en ellas toda la tecnología preparada por sus expertos y las ubicaciones más acordes a su proyecto son las de A Costa da Morte. En este territorio hay cuatro plantas nuevas incluidas en el Plan Galego de Acuicultura: Seiruga (en Malpica, con 200.000 metros cuadrados de superficie y una producción de 1.400 toneladas al año), Xandriña (en Camariñas, con 217.000 m2 y 1.519 toneladas), Camelle (también en Camariñas, con 101.000 m2 y 707 toneladas) y Cabo Cee (en Corcubión, de 75.000 m2 de superficie y una producción anual de 525 toneladas).

La estructura de la empresa está consolidada y cuenta con profesionales del sector acuícola procedentes de compañías con una larga trayectoria en la actividad, como es el caso de Stolt Sea Farm.

PYAC pretende invertir 100 millones de euros en Galicia en los próximos dos o tres años, por lo que una negativa de la Xunta o una espera demasiado larga puede provocar que la compañía decida hacer las inversiones fuera de la comunidad gallega. Este es el principio que defiende la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga), a la que pertenece la firma coruñesa, en caso de que la concesión de proyectos se prolongue demasiado en el tiempo, teniendo en cuenta que la actividad lleva más de un lustro prácticamente parada.

El mismo camino puede seguir Stolt Sea Farm, pendiente de la concesión de la Xunta para realizar la ampliación de varias plantas en la comunidad y que, según fuentes del sector, "ha ganado mucho dinero en los últimos años y quiere reinvertirlo en Galicia después de varios ejercicios sin acometer obras".

Las empresas gallegas de acuicultura aseguran que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anula la suspensión del plan acuícola del Gobierno Fraga realizada por la Xunta bipartita en 2006, no resta validez al Plan Galego de Acuicultura aprobado en 2008. De esta forma responden a los ecologistas, que reclaman un proyecto nuevo y la eliminación de los anteriores. "El fallo sólo anula el acto administrativo de suspender el plan de 2005, la forma en que se hizo. Pero mientras el plan estaba paralizado, se modificó y en 2008 se aprobó con cambios", explicó ayer el gerente de la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (Aroga) y asesor jurídico del Cluster de Acuicultura de Galicia, Fernando Otero Lourido.

Este experto señala que no se puede hablar de dos planes distintos -en relación al del Gobierno Fraga de 2005 y al del bipartito en 2008- sino de uno solo que se ha ido modificando, adaptándolo a lo que cada Gobierno quería en su momento.

"El TSXG afirma que el procedimiento no es el correcto pero no se puede volver al proyecto del Gobierno Fraga porque es el mismo pero con cambios. Con la Justicia lenta e ineficaz que tenemos vemos que la sentencia llega en 2009, cuando es inejecutable", sentenció Otero.

Por ello, el sector considera que el plan del bipartito es correcto, "aunque la Xunta puede modificarlo, al igual que se hace con cualquier ley, mediante los procedimientos legales correspondientes".

Precisamente, los productores gallegos esperan que si hay cambios en el Plan Galego de Acuicultura se realicen con celeridad para que las empresas puedan invertir cuanto antes en la actividad y salgan del estatismo actual.