El Gobierno permite seguridad privada en atuneros

P. PIÑEIRO / AGENCIAS | VIGO / VITORIA Los atuneros que faenan en el Índico podrán contratar servicios de seguridad privada que podrán usar fusiles de largo alcance, según avanzó ayer el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, en la sede del Gobierno vasco en Vitoria, tras reunirse con la consejera vasca de Pesca, Pilar Unzalu.

Méndez precisó que en enero ya se autorizó protección privada con armas cortas pero al ver que no era una medida proporcionada a la amenaza que sufren los buques, el lunes Interior autorizó incorporar seguridad privada a bordo y el uso de fusiles de largo alcance por seguridad privada.

Los armadores que lo deseen podrán incorporar esta medida de autoprotección en los próximos días; en cambio, no será posible que haya infantes de marina armados en los buques, como habían pedido los armadores, porque, según ha dicho, "no lo permite el ordenamiento jurídico español".

Méndez subrayó que la efectividad de este armamento es "total" con respecto a la amenaza que se padece "y es el armamento que portan otros miembros de seguridad de otros países".

No obstante, supone una novedad en España, ya que el ordenamiento español no permite que la seguridad privada porte armamento militar, indicó. Además, el Gobierno mantendrá el dispositivo de seguridad en la operación Atalanta y se aproximarán a la zona donde está "dispersa" la flota española. Por su parte, la ministra de Medio Marino, Elena Espinosa, explicó ayer en Baiona que esta medida y otras "habrá que hablarlas con el sector", pero que es "un paso más", ya que "se partía de cero".

Recordó que España fue uno de los países que activó los mecanismos internacionales de protección para esta flota y pidió al sector "que tenga la confianza" de que "siempre tendrán al Ministerio de su lado".

El anuncio de Méndez se produjo el día en que las dos asociaciones de armadores de esta flota (Anabac y Opagac) enviaron una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que demandan que con carácter de urgencia adopte la misma medida que el Gobierno francés, que en julio autorizó la presencia de cuatro militares en cada buque.

En su misiva, que apoya la Asociación de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape), los armadores señalan que esta medida "es más eficaz y posiblemente más económica que las adoptadas hasta ahora por España para frenar los actos de piratería en el Índico" y muestran su disposición a costear el coste extra de esta medida, como sus colegas galos.

Las asociaciones agradecen la respuesta que España ha dado desde un principio a los problemas de piratería en el Índico, su labor en la ONU y el despliegue de medios en la zona, aunque denuncian sentirse "blanco fácil" ya que los medios desplazados al Índico por España se muestran ineficaces ante las nuevas estrategias piratas, la operación Atalanta no ha establecido base en Mombasa, como se le ha venido reclamando, y la seguridad se garantiza mejor con infantes de Marina.

Mientras, el mando de la operación Atalanta de la UE afirmaba ayer, ante las críticas de los armadores, que algunos pescadores españoles que faenan en aguas de Somalia han informado de ataques piratas que han resultado ser "falsas alarmas".

Por su parte, la ministra de Medio Marino, Elena Espinosa, explicó ayer en Baiona que ésta y otras medidas "habrá que hablarlas con el sector" antes de adoptar una decisión. Destacó que , de todos modos se trata de "un paso más", ya que "se partía de cero".