AGENCIAS | BRUSELAS Los armadores europeos -representados por las asociaciones Europesca y Cogeca- solicitaron ayer a los ministros de la UE que atrasen la aprobación de la nueva normativa para reforzar el control de la pesca comunitaria que, entre otras medidas, introducirá el carné por puntos para sancionar a los infractores de la normativa pesquera.

Los responsables de Europesca (empresas de armadores) y de la sección de pesca de Cogeca (cooperativas europeas) enviaron una carta a las instituciones de la UE para reclamar que se aplace la decisión sobre dicha regulación, que se discutirá en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE de los próximos días 19 y 20 en Luxemburgo.

Los armadores han insistido en la "naturaleza polémica" de la normativa, así como en los "obstáculos y problemas" que ha habido en su tramitación para poder llegar a compromisos entre los países.

La misiva, firmada por el presidente de Europesca, el español Javier Garat, y por el de Cogeca-Pesca, Giampaolo Buonfiglio, ha sido remitida a la Comisión Europea (CE), a los ministros del ramo de la UE y a la comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PE).

Las propuestas sobre el control pesquero que deben negociar los ministros de la UE incluyen la implantación de un "carné por puntos" similar al que existe en el tráfico por carretera en España, es decir el armador acumula tantos si incumple las leyes y una vez sumados pueden suponer la retirada de la licencia.

La regulación plantea también armonizar las sanciones por infracciones graves en pesca, para que oscilen entre un mínimo de 5.000 y un máximo de 300.000 euros.

Garat y Buonfiglio subrayan que los pescadores son "críticos" tanto sobre el contenido de la propuesta como por los plazos que ha propiciado la CE para lograr su aprobación por parte de los países miembros.

Los armadores estiman que muchas disposiciones "resultarían difíciles de aplicar" y podrían llevar al sector a una situación de "ilegalidad forzada, cuando es necesario fomentar una cultura de cumplimiento de las normas".

Por otro lado, la flota comunitaria criticó que la normativa se esté regulando de forma "acelerada", con el pretexto de que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2010.

Garat y Buonfiglio solicitan al presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, que intervenga a favor de aplazar la aprobación del reglamento a una fecha "más razonable".

"Es importante que actuemos con la debida cautela para no comprometer las relaciones de confianza existentes entre los pescadores y las instituciones europeas", declararon en la misiva los representantes de los armadores europeos.

En el último Comité de Representantes Permanentes (Coreper), formado por embajadores de los Veintisiete, una mayoría de países se opuso a las propuestas de Bruselas para reforzar las sanciones por infracciones pesqueras.

España, por su parte, tiene una posición más constructiva y más favorable a llegar a un compromiso sobre las ideas de la CE.

Bruselas estima que la actual disparidad entre las sanciones en los países de la UE (la multa media es de 1.500 euros) no disuade a los barcos que incumplen las normas y propicia que cambien los puertos de desembarco de un estado a otro porque saben que pagarán penalizaciones inferiores por el mismo delito.