ANTÓN LUACES Distintos especialistas de Derecho Marítimo y Derecho Internacional se han manifestado en los últimos días en relación con algo que aquí hemos planteado hace un par de semanas: la extensión de la territorialidad o derecho territorial de un país en función del reconocimiento de una bandera. Si esta se halla a bordo de un buque, concuerdan los abogados y profesores universitarios, no existen dudas sobre esa "territorialidad", con lo cual, si se trata de un pabellón español el que enarbola ese buque, estaremos hablando de un trozo de España allí donde ese buque se encuentre, sean o no aguas internacionales. Es más: España tiene derecho a intervenir en un caso de piratería, sea o no español el buque que lo padece y se hallen a bordo nacionales españoles o no.

Sentado todo ello cabe discutir si las leyes españolas permiten o no el embarque en buques civiles de tropas regulares, es decir, si pueden o no acudir en ayuda de los boniteros españoles por ejemplo los infantes de marina que reclaman los armadores y tripulantes. Y, ¡oh, sorpresa!, nada hay que lo impida, excepción hecha el intento de ser más papista que el Papa por parte del Gobierno y poner vendas antes de que se produzca la herida.

Pueden existir dudas, alegan los especialistas en Derecho Marítimo, en torno al carácter de las fuerzas que defiendan con todo el derecho y la razón ese "pedazo" de territorio nacional que es el atunero; pero nunca se podrá hablar de incumplimiento de norma por enrolar en un buque civil a cuatro militares que, armados hasta los dientes, pueden dar respuesta adecuada a quienes, armados como ellos, intentan violar un espacio español que a los piratas no corresponde.

Perfectamente claro este punto, añadir lo apuntado en su momento por la diputada nacionalista en el Congreso, Olaia Fernández Davila, cuando propuso el envío a los atuneros de miembros de la Guardia Civil del Mar. De este modo se disipan las dudas, al igual que las reticencias en torno a la autorización para que personal civil (guardias de seguridad contratados por los armadores) puedan disponer de armamento "contundente" y de largo alcance con el que contrarrestar los efectos del empleado por los piratas.

De cualquier manera bien haría la UE y con esta todas las instancias internacionales implicadas en la lucha contra la piratería obligar a llevar anclas a todos aquellos que permanecen "a la capa" en sus bien dotados despachos de, por ejemplo, Londres y que son, directa o indirectamente, los que propician los contactos de los piratas con los armadores de los buques asaltados. Si estos "intermediarios" no existieran o si se pusieran trabas a su actividad rayana con la ilegalidad, las dificultades para los piratas de entrar en contacto con los propietarios de los buques podrían disuadirles de seguir adelante. Los que están "a la capa" no lo hacen por seguridad de los embarcados. Ni siquiera por solidaridad con las familias de estos. Es, única y exclusivamente, por su beneficio. Acabar legalmente con ellos permitiría una más segura navegación.