ANTÓN LUACES | A CORUÑA
Justo diez años después de que dejase su puesto de presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (en 1999), Carmen Fraga, ha vuelto a ser elegida para el cargo. Al igual que entonces, el futuro de la pesca dependerá mucho de la reforma que se haga de la Política Pesquera Común (PPC) en 2012 tras comprobarse que la de 2002 no fue todo lo efectiva que se esperaba.
-¿Qué significa para usted volver a ser la presidenta de la Comisión de Pesca del PE?
-Un honor. Es una oportunidad de seguir tratando de mejorar la PPC desde un puesto de responsabilidad y en un momento especial, en el que se inicia una nueva reforma. En 1996, también en este cargo, presenté un informe con el que la Comisión de Pesca pretendía adelantarse y fijar sus posturas ante la reforma de 2002. Ha costado 13 años, pero escuchar al comisario de Pesca proponer como posibles soluciones para la futura PPC algunas de las cuestiones que proponía en mi informe, y hacerlo estando sentada a su lado como presidenta, produce una sensación especial, de que la coherencia en una carrera política puede producir enormes satisfacciones.
-Al repetir en la presidencia, ¿tratará de avanzar en las cuestiones que ha hecho suyas en la Comisión de Pesca del PE?
-Mi mandato anterior supone un plus de experiencia pero las situaciones cambian. Estamos, como decía, ante la revisión de la PPC, y es evidente que ese va a ser nuestro principal trabajo. Mejorarla de forma que se pueda garantizar la recuperación de las poblaciones pesqueras dotando al mismo tiempo al sector de una mínima estabilidad en su actividad económica. Será el objetivo de todos.-¿Y el suyo?
-Lograr que se reforme de verdad la política de conservación y gestión pesquera, que casi no se tocó en la reforma de 2002 y que ha sido un fracaso sin paliativos. Por mucho que en sus orígenes el invento de la estabilidad relativa y el sistema de Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas fueran soluciones que permitieron poner en marcha la primera PPC, es evidente que el mundo no es el mismo que hace 30 años, y el pesquero menos. Cuando el entorno cambia hay que cambiar con él y no aferrarse a medidas del pasado. No da estabilidad al sistema, sólo le da rigidez y esa rigidez ahoga la PPC mientras el precio lo pagan el sector pesquero y los recursos biológicos.
-¿Se va a significar -como hizo contra las redes de deriva- en la lucha contra la pesca ilegal?
-Naturalmente, siempre lo he hecho. Es un delito doblemente infame: roba los escasos recursos a los pescadores legales y mancha su reputación hasta extremos que pueden ser irreparables. La fijación que hay en determinados ámbitos contra la pesca, a la que se pretende poner límites sin parar como si fuera la única actividad que utiliza el medio marino, proviene de las prácticas ilegales.
-¿Qué papel desempeña actualmente España en esa lucha contra la pesca ilegal?
-En mi opinión hay más declaraciones rimbombantes que actuaciones reales. Todo aquello de que en España la pesca ilegal iba a ser equiparada a delitos como el genocidio... Sí, muy bien, pero luego el Consejo de Ministros de Pesca de la UE aprueba un reglamento de lucha contra la pesca ilegal y retrasa su entrada en vigor hasta 2010. Es una normativa bastante complicada y hasta que empiece a dar sus frutos va a pasar un tiempo, tiempo perdido en la lucha contra la pesca ilegal. España sigue sin poder evitar que se le señale con el dedo en relación con la pesca ilegal.
-¿Por el amiguismo o la connivencia en el sector con algún representante de la Administración?
-Para acusar al Gobierno de algo así hay que tener pruebas pero desde luego creo que ha habido malas decisiones. Es público y hasta la CE ha dado pruebas evidentes de malestar. El mero hecho de permitir que exista siquiera la sospecha no parece la mejor prueba de compromiso contra la piratería.
-¿Por qué hay tantos armadores gallegos vinculados a la pesca ilegal?
-Me niego a creer que sean tantos. Creo que son muy pocos y que si queda alguno debe estar a punto de dejar de existir. Debemos darnos cuenta de que en el pasado la pesca dio mucho dinero y cuando llegan las vacas flacas siempre hay quien se resiste a renunciar al negocio. Y eso se produce más donde más flota hay. Es un efecto estadístico que cae de cajón. También ocurre que, históricamente, las miradas están más puestas en la flota española y gallega por su tamaño e innegable eficiencia. Intento explicar un hecho pero no disculparlo. Estas actividades no tienen cabida en la UE y su destino es el castigo más duro que las legislaciones prevean.
-Si existen listas negras de buques infractores, ¿cómo es que sus propietarios reciben ayudas económicas de la UE, España y las comunidades autónomas?
-Es que no puede ser. Puede ocurrir que una empresa armadora pida una ayuda para un buque y resulte que luego este se dedique a una actividad ilegal, situación que, una vez descubierta, hay que atajar exigiendo la devolución de las ayudas. Pero dar ayudas a un buque ya inscrito en una lista negra no se puede hacer. Y si se hace habrá que perseguirlo y exigir a la administración implicada las responsabilidades de rigor.
-¿Qué papel puede desempeñar la Comisión de Pesca del PE en la aplicación de programas de protección de los tiburones?
-Espero que importante. Vamos a ver si conseguimos librarnos de la confusión que crean algunas organizaciones medioambientales incluyendo todos los tiburones en el mismo saco, independientemente de sus características, localización geográfica y estado biológico. A lo mejor conseguimos convencer finalmente a esas asociaciones de que la flota comunitaria no practica el finning. ¿Quién sabe? Todo es posible en este mundo, incluso que la verdad se imponga a la propaganda.
-Con el uso a partir de 2010 del diario electrónico de pesca es probable que se reduzcan las capturas, pero en España tenemos muchos barcos. ¿Qué va a ocurrir?
-Puede ayudar a que tengamos una fotografía real de lo que pesca la flota y donde, que se amplíe la responsabilidad de los pescadores y les ayude a darse cuenta de que actúan sobre un recurso que es un bien público y deben rendir cuentas del uso que hacen de él. En cuanto al número de barcos, en último caso puede ser un problema de plazos. Creo que han sabido con anticipación cuáles van a ser sus obligaciones pero si estas llegan a constituir un problema de adaptación estoy segura de que las administraciones serán sensibles a él.
-Un PE con cierta capacidad ejecutiva, ¿cree que va a influir en las decisiones que adopte el Consejo de Ministros de la UE?
-La Comisión de Pesca se lo puedo asegurar, esa es mi intención. Aunque no en todos los temas, como la fijación de TACs y cuotas que sigue siendo exclusiva del Consejo, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se aplica la codecisión, que significa colegislar con el Consejo. Hay que sentarse con nosotros para sacar adelante una norma. En cuanto a los acuerdos de pesca, el PE tendrá que estar mucho mejor informado de las negociaciones y tiene que dar su visto bueno al acuerdo en sí.
