El fiscal de Menores de la Audiencia Nacional ordenó ayer el ingreso en un centro de protección de menores de Abdu Willy, uno de los dos somalíes detenidos en relación con el secuestro del pesquero español Alakrana, en espera de que se resuelva el eventual recurso que interpondrá el propio Ministerio fiscal contra la decisión del juez central número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de ponerlo en libertad.

Fuentes fiscales informaron ayer que la decisión de la Fiscalía es de carácter preventivo, al tratarse de un extranjero que está desprotegido. Su situación definitiva deberá ser resuelta por la Sala de lo Penal de la Audiencia nacional en atención al recurso de apelación que el propio ministerio público tiene previsto presentar hoy.

El Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional decretó ayer la inmediata puesta en libertad del presunto pirata tras constatar que los análisis médicos determinan que tiene una "edad mínima de 17 años", por lo que podría ser menor de edad.

Abdu Willy se encontraba desde el pasado martes en la prisión de Alcalá-Meco de Madrid por orden del juez Baltasar Garzón, que le acusó de asociación ilícita, 36 delitos de detención ilegal, y otro de robo con violencia y uso de armas. Su puesta en libertad fue decretada ayer por el titular del Central número 1, Santiago Pedraz, a quien Garzón sustituía la pasada semana por encontrarse disfrutando de su permiso de paternidad.

Hasta ahora, el vacío legal existente al respecto dificulta conocer cuál es la institución de la que depende ahora el presunto pirata, pues mientras el juez Pedraz considera que "la protección de sus derechos y su integridad" corresponde a la Fiscalía de Menores de Madrid, fuentes de este órgano señalaron que el caso no les compete porque los delitos atribuidos a Abdu Willy no fueron cometidos en su jurisdicción.

El pasado martes, antes de ordenar su ingreso en prisión, el juez Garzón acordó trasladar al presunto pirata a un hospital, donde tras realizarle una oseometría de la muñeca se estableció que tenía 19 años, si bien el magistrado ordenó la realización de análisis más exhaustivos.