AGENCIAS | HUELVA
Los armadores de los tres buques españoles retenidos en Guinea Bissau desde el 8 de octubre por repostar gasóleo en alta mar han accedido a pagar la multa de 100.000 euros cada uno para poder recuperar sus barcos, una vez agotada la vía diplomática para reducir la sanción.
Las gestiones entre autoridades guineanas y españolas han terminado sin acuerdo y los armadores tendrán que ingresar hoy la multa que reclama el país africano para poder recuperar los barcos y regresar a la actividad.
Tras una jornada en la que se ha esperado hasta última hora para ver si la vía diplomática desbloqueaba la situación, finalmente no ha sido posible, y a primera hora de hoy se comenzarán las gestiones para transferir al Gobierno de Guinea Bissau los 150.000 dólares que se reclama como multa por cada barco.
"Por la mañana haremos las gestiones, aunque no sabemos dónde buscaremos el dinero", aseguró a Efe José Antonio Alfonso, armador del Alfonso Riera Primero, que ha lamentado que este suceso sea "uno más de los episodios negativos que hemos sufrido este año, ya que desde enero tenemos más de 200.000 euros en deudas, y ahora no sabemos qué vamos a hacer".
Un año difícil
Su mujer, Manuela Ferrera, añadió que 2009 está siendo un año muy difícil para vender marisco, el principal producto que captura la empresa, "y buscar 100.000 euros para pagar la multa es algo casi imposible para nosotros".
El gerente de Baltimar, empresa propietaria del buque Sierra de Huelva, Ángel Muriel, confirmó también que hoy pagará la sanción "apelando a nuestra responsabilidad para sacar los barcos de allí", una vez que se ha confirmado la sanción para los pesqueros.
El patrón del Febel III, de la empresa Mariscos Rodríguez, José Fernández, también confirmó que está a la espera de tener la confirmación del pago de la multa para levar anclas y salir del puerto de Bissau.
Mientras, la Confederación Española de Pesca (Cepesca) respaldó la legalidad del repostaje en alta mar realizado por los tres buques españoles. La patronal pesquera española consideró que los tres pesqueros realizaron una práctica legal para la que no es preciso solicitar permiso alguno.
