REDACCIÓN | A CORUÑA
Las asociaciones de armadores pidieron al Gobierno que la misión Atalanta de la UE contra la piratería, que hoy cumple un año, amplíe su radio de acción y dé seguridad a la flota pesquera que faena en las aguas del Índico cercanas a las islas Seychelles.
Los armadores piden además una estrategia para erradicar "de raíz" el problema de la inseguridad en el Índico, intentando controlar la circulación de los buques nodriza que trasladan a los piratas y controlando sus puertos base en las costas de Somalia.
Estas peticiones están recogidas en un documento de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), dada a conocer la semana pasada por esta organización que agrupa a las principales asociaciones de los propietarios de atuneros.
La operación Atalanta fue aprobada el 10 de noviembre de 2008 a petición de España y Francia ante los casos de secuestros de pesqueros como el del atunero vasco Playa de Bakio a finales de abril del pasado ejercicio.
La misión estaba prevista inicialmente para un año pero la UE ha decidido prorrogarla otro año, hasta diciembre de 2010.
Es la primera operación naval común de la UE y en ella participan una decena de países, que trabajan de forma coordinada con otras unidades de la OTAN y de otras naciones como China, Rusia o la India. La fuerza europea tiene como misión dar escolta a los buques del Programa Mundial de Alimentos y a los barcos que naveguen en las aguas de Somalia y del golfo de Adén frente a los actos de piratería, sin explicitar la protección de los pesqueros.
Los armadores defienden que la operación de la UE debería incluir de forma expresa entre sus objetivos la seguridad a la flota atunera, en la que hay 33 buques con intereses españoles, de los que 18 tienen pabellón español y el resto, bandera de Seychelles.
Reclaman el despliegue de más unidades en la zona comprendida entre Somalia y las islas Seychelles, en donde la mayoría de los barcos llevan a cabo las labores de descarga y relevo de su tripulación y donde fue secuestrado el Alakrana el pasado 2 de octubre.
La UE ya trabaja con el propósito de ampliar el ámbito de actuación de la misión Atalanta para cubrir el triángulo entre Yibuti, Somalia y las islas Seychelles, lo que requiere un mayor despliegue de fuerzas.
España tiene en la zona más de 300 militares, con un avión de patrulla marítima, varios helicópteros y dos fragatas -la Canarias y la Méndez Núñez- centradas en la actualidad en vigilar el secuestro del Alakrana.
La participación española en la operación Atalanta costó alrededor de 70 millones de euros en su primer año operativa, según fuentes del Ministerio de Defensa.
Además, los armadores insisten en la conveniencia de que se embarquen militares a bordo de los pesqueros para dar más seguridad, lo que el Gobierno rechaza de plano. Según Cepesca, la autorización para contratar vigilantes privados es una solución intermedia, aunque lleva más tiempo.
También considera que ofrece dudas legales, puesto que "no deja claro quién será el responsables final de las actuaciones que se produzcan, si los vigilantes privados van a poder realizar detenciones y qué se va a hacer con los piratas detenidos", añade el documento de la patronal pesquera española.
Pese al incremento de la vigilancia de fuerzas navales internacionales en aguas próximas a a las costas de Somalia, en los primeros seis meses del año, entre enero y junio, el centro de Información sobre la Piratería, órgano dependiente de la Oficina Marítima Internacional (OMI), contabilizó 130 ataques piratas a distintos tipos de buques en la zona.
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