ANTÓN LUACES
Cerca de 3.000 tripulantes de las flotas de litoral de Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco van a ver cercenadas sus posibilidades -ya reducidas- de trabajo si, como se espera, el último Consejo de Ministros de Pesca de la UE sostiene los planteamientos de la Comisión que reducirían los días de pesca a 158 en el año 2010, cuando seis años atrás, en 2004, la licencia de pesca permitía desarrollar la actividad durante 264 días.
La reunión celebrada ayer en A Coruña, con participación de representantes de las flotas citadas, dejó una perla nacida de la vehemencia del abogado y secretario general de PescaGalicia, Torcuato Teixeira: "Nuestro muro de Berlín es el Plan de Recuperación". Y no se refería, no, a la recuperación política de las que fueron las dos Alemanias, sino algo tan doméstico, tan del día a día como es el pescado: la merluza, y con ella la cigala.
La viabilidad de una empresa pesquera con tan sólo 158 días de trabajo al año no es que esté en duda, es que resulta imposible, dicen los armadores. Y surge la pregunta. "¿Cómo voy a pedir un crédito al banco si sé que me van a exigir la viabilidad de mi empresa? ¿Cómo le explico a la entidad que, por los planteamientos comunitarios que -hasta el momento- no encuentran adecuada respuesta del Gobierno español, los 60 tripulantes de mi empresa están cuatro meses al año en el paro, el que tiene derecho a él?".
La de litoral es una flota estratégica para cualquiera de las cuatro comunidades representadas en la reunión de ayer en A Coruña. Tan estratégica, globalmente, que para ella se diseñó y está vigente un plan de pesca que afecta al caladero Cantábrico-Noroeste. Esto lo sabe, o debiera saberlo, Bruselas, como debería saber otras cosas que la Administración española guarda bajo la alfombra y que permite que, año tras año, las reducciones, los desguaces, el abandono de la actividad, establezcan el devenir de un sector encaminado a la ruina, a la desaparición como tal para dar paso a las importaciones de pescado, más rentable económicamente para un grupo de mercaderes que se autodenominan Comisión Europea y parecen actuar al dictado de aquellos que consideran que comunidades pesqueras como Galicia ya no tienen razón de ser.
Los armadores aseguran que la flota de litoral tiene alternativas a la propuesta comunitaria que España parece aceptar, de entrada. Quieren hacerlas llegar al Ejecutivo antes de que, en diciembre, los ministros decidan y ya no quede la vuelta atrás o el apearse en marcha.
Y ojo: la paralización de la actividad extractiva de esta flota, además de propiciar el paro a 3.000 marineros durante al menos 4 meses al año, provocará una cascada de desempleo en sectores que dependen de la pesca. Sumar otras 12.000 personas a las listas del Inem puede parecer una nimiedad cuando se habla de 4 millones de parados en España. Pero es que paraliza la vida diaria de muchas poblaciones que tienen a la pesca litoral como una parte esencial de su sustento diario. Y si una empresa del sector pesquero cierra, no la reabre ni Joe Borg.
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