La Comisión de Coordinación del Gobierno para el seguimiento del secuestro del pesquero "Alakrana" asumió "por unanimidad" la detención de dos de los piratas que asaltaron el atunero a la luz de los informes que poseía el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).

Fuentes del Ministerio de Defensa han asegurado la existencia de esa unanimidad entre los integrantes de la comisión de coordinación después de las informaciones en las que se ha señalado que hubo discrepancias a la hora de decidir si se detenía o no a los dos piratas que actualmente se encuentran en España.

De acuerdo con las fuentes citadas, el JEMAD, el general José Julio Rodríguez, "a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata 'Canarias' conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la Operación Atalanta".

En aplicación de esas normas (la conocida como acción común 2008/8511 PESC del Consejo de la Unión Europea en sus artículos 1 y 2), se procedió a la detención de dos de los asaltantes del atunero "en flagrante delito de piratería".

"La comisión de coordinación formada tras el secuestro del pesquero 'Alakrana' asumió esta decisión por unanimidad", garantizan las fuentes citadas.

Esta comisión está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de ella forman parte el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; la titular de Defensa, Carme Chacón; la máxima responsable del Departamento de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa; el director general del CNI; Félix Sanz Roldán; y el JEMAD.

Desmentido de informaciones

Con la afirmación de que la detención de los piratas fue asumida por unanimidad, el Gobierno sale al paso de informaciones de las últimas horas en las que se apunta a una diferencia de criterio en el seno del Ejecutivo.

El diario "El Mundo" publica hoy que el Ministerio de Defensa intentó que los dos piratas detenidos, Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman, fueran enviados a Kenia en vez de ser trasladados a España, pero la vicepresidenta primera ordenó a la Abogacía del Estado presentar una denuncia por la que el caso llegó a la Audiencia Nacional.

Por su parte, la Cadena SER ha informado también de la existencia de esas diferencias de criterio y de que el Gobierno ignoró un informe confidencial del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) que alertaba sobre los efectos perniciosos que la detención de los piratas podía tener sobre las negociaciones para liberar al "Alakrana".

Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha defendido hoy la actuación de Baltasar Garzón al ordenar trasladar a los piratas a Madrid y ha asegurado que el juez desconocía que "existiera intención" de trasladarlos a Kenia.

En una nota informativa, Juanes ha sostenido que Garzón no actuó de oficio y sí lo hizo "en el marco de la más estricta legalidad" y en respuesta a la denuncia presentada por la Abogacía del Estado.