AGENCIAS | MADRID
. l Gobierno ignoró un informe confidencial elaborado por el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que alertaba sobre los problemas que la detención de los dos piratas podría tener en las negociaciones para liberar el Alakrana. El informe, que ayer divulgó la Cadena SER, fue elaborado el sábado 3 de octubre, diez horas antes de la detención de los dos presuntos piratas, y fue remitido esa misma tarde al Estado Mayor de la Defensa. El documento clasificado desaconsejaba la operación argumentando que los piratas podrían reaccionar elevando la tensión y perjudicar las negociaciones. Además no descartaba que los piratas pudieran tomar represalias contra la tripulación.
En el informe se afirmaba también que los piratas avistados en el esquife podrían no ser verdaderos ejecutores del secuestro, sino "colaboradores" de los captores en el avistamiento de buques. La valoración del Cifas fue, según fuentes militares, la que imperó en Defensa hasta que Moncloa optó por la contraria y ordenó detener a los piratas basándose en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), al considerar erróneo el del Cifas.
La detención de los somalíes comenzó en la noche del sábado 3 de octubre y se prolongó hasta la madrugada del domingo 4. Defensa procedió a la detención por orden de Moncloa y a pesar de que sus propios informes lo desaconsejaban.
Tal información fue respondida ayer desde el Ministerio de Defensa, que aseguró que la coordinación formada por el Gobierno a raíz del secuestro del Alakrana asumió con "total unanimidad" la decisión de traer a España a los piratas Abdu Willy y Raageggesey, detenidos el 3 de octubre.
Este órgano de coordinación está encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, e integrado por los ministros de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos; Defensa, Carme Chacón; Medio Marino, Elena Espinosa; el director general del CNI, Félix Sanz Roldán; y el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez. Defensa esgrimió que "el Jemad, a la luz de los diversos informes que tenía en su haber, ordenó a la fragata Canarias conducirse estrictamente en ejecución de las normas de la operación Atalanta y que procediese a detener los piratas en flagrante delito de piratería. "Esas normas de la Atalanta son la acción común 2008/5/5/11 PESC del Consejo de la UE en sus artículos 2 y 12".
Mientras, la Audiencia Nacional ordenó trasladar a España, en vez de a Kenia, a los piratas detenidos por participar en el secuestro del Alakrana después de que el Gobierno comunicara su detención a este tribunal, al considerar que la competencia del caso corresponde a la justicia española.
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quiso dejar claro ayer que este tribunal no tomó la iniciativa a la hora de decidir a dónde debían ser trasladados los piratas, cuyo encarcelamiento en España está complicando la liberación de los 36 tripulantes del pesquero.
Según la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón "cumplió con la ley al ordenar su traslado para legalizar" la situación de los dos detenidos, después de la petición que le cursó la Fiscalía General del Estado.
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