El juicio del Prestige será ´seguramente´ en 2010

El fiscal de Medio Ambiente opina que "no se está relajando la conciencia medioambiental" a pesar del desmantelamiento del Cepreco en Galicia

EUROPA PRESS El fiscal de Medio Ambiente, Alvaro García Ortiz, calculó hoy que el juicio del Prestige se celebrará, "seguramente", en el año 2010, y advirtió de que, una vez definido el "culpable" de la catástrofe, solicitará para él "penas de prisión, privativas de libertad".

En una entrevista concedida a Europa Press en el día que se cumplen siete años de la mayor catástrofe medioambiental de Galicia, García Ortiz explicó que, actualmente, la Fiscalía está pendiente de recibir la documentación por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, Carmen Veiras, para redactar los escritos de acusación.

El último paso que resta para finalizar la instrucción es la conclusión de la prueba pericial económica y, tras la finalización de este informe, se sentarán en el banquillo de los acusados el ex director general de la Marina Mercante José Luis López Sors, el capitán del buque, Apostolos Mangouras, el jefe de máquinas, Argyropoulos Nikolaos, y el primer oficial, Ireneo Maloto.

IMPUTACIONES

Para el fiscal, la imputación del ex alto cargo del Gobierno provocó una "dilación de los tiempos", debido a que partió de un recurso de apelación resuelto por la Audiencia Provincial de A Coruña --en el que rectificó la decisión de la jueza--; y abre "un escenario procesal diferente" al previsto. "Nos enfrentamos a un juicio diferente al que nos habíamos planteado", admitió.

A mayores, interpretó que su imputación puede servir, en el proceso abierto en Nueva York, para "defender ciertas posturas". "Quienes quieran defender una postura lo harán valer y quienes quieran defender la contraria dirán que no es relevante para lo que se está enjuiciando", opinó.

El caso es que la Abogacía del Estado interpuso una demanda contra la clasificadora ABS, que certificó la navegabilidad del Prestige, arguyendo que el naufragio se debió a un fallo estructural que no se había reflejado en las inspecciones del buque y no a las maniobras de salvamento. Por ello, le reclama más de 1.000 millones de dólares para pagar los daños ocasionados.

Por otra parte, sobre la demanda de Mangouras contra España por el trato que recibió tras el siniestro del Prestige y por la fianza impuesta para su liberación en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE), apostó por esperar a la sentencia para ver a qué "punto específico" se refiere. "Lo que diga --el TDHE-- siempre es importante, pero tenemos una resolución de una sala inferior del mismo tribunal que dice que la fianza era proporcional al delito cometido", avanzó García Ortiz.

LECCIONES APRENDIDAS

A pesar de que la legislación sobre la determinación del juez natural "es la misma" que había en 2002, lo que derivó en que un juzgado pequeño debiese asumir una causa que acumula más de 150.000 folios, el fiscal de Medio Ambiente aseguró que se han sacado "lecciones" que permitirán "ser más eficaces" en el futuro.

A modo de ejemplo, se refirió a los paquetes de directivas comunitarias, redactados entre los años 2002 y 2009 a raíz del accidente del buque tanque Erika, para regular la inspección y la seguridad marítima, con el fin de evitar la contaminación. En virtud de estos planes, entre otras actuaciones, se puso en marcha un fondo de compensación de daños por contaminación por hidrocarburos y se creó la Agencia Europea de la Seguridad Marítima.

"Estos paquetes supusieron un avance muy importante a nivel de la Unión Europea y nosotros, como Fiscalía, también hemos sacado muchas conclusiones", destacó García Ortiz, quien consideró que el desmantelamiento del Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral (Cepreco) en Galicia no supone una "relajación de la conciencia medioambiental".

De hecho, en una entrevista concedida a Europa Press, atribuyó la retirada de este centro a "una decisión" del Ejecutivo central y rechazó juzgar si "está bien o mal tomada". De todos modos, la desvinculó de una "relajación de la conciencia medioambiental".