El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde hoy a la tramitación parlamentaria de su última reforma del Código Penal, que crea un nuevo delito de piratería -que podría ser castigado con penas de entre 10 y 15 años de prisión-, y que prevé una respuesta más contundente frente a los delitos de corrupción urbanística.
El anteproyecto de esta ley pasó por Consejo de Ministros en noviembre de 2008 y posteriormente fue remitido para informe al Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado.
La exposición de motivos de este texto del Gobierno incluía la creación de un nuevo delito de piratería dentro del título dedicado a los delitos contra la comunidad internacional. No obstante, tras la emisión de los citados informes, el Ejecutivo ha podido incluir cambios en el texto que verá hoy el Consejo de Ministros.
La razón de ser de la creación de este nuevo delito de piratería, según el documento inicial, radica en la necesidad de dar respuesta a "la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y aérea", como ahora ha puesto de manifiesto el secuestro sufrido por el atunero español Alakrana, apresado por piratas somalíes desde el pasado día 2 de octubre.
Las disposiciones que este anteproyecto preveían incorporar al Código Penal recogían los postulados del Convenio de Montego Bay suscrito el 10 de diciembre de 1982 sobre el Derecho del Mar y la Convención sobre la Navegación Marítima firmado en Roma el 10 de marzo de 1988.
Así, el anteproyecto de Ley preveía penas de entre 10 y 15 años de prisión a quienes utilicen la violencia, la intimidación o el engaño contra embarcaciones o plataformas en el mar.
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