REDACCIÓN | A CORUÑA
La nueva Lei de Pesca de Galicia será aprobada el próximo día 15 de diciembre y entrará en vigor un día después, según las previsiones ofrecidas ayer por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, tras la reunión del Consello Galego de Pesca que analizó el texto, además de los presupuestos de su departamento para el próximo año y donde también se propuso constituir un grupo de trabajo para valorar la reforma de la política pesquera común de la UE, de forma que la propuesta gallega sea enviada a Bruselas en diciembre. Sobre la Lei de Pesca, Quintana indicó que recoge la mayor parte de las modificaciones propuestas por el Consello Galego de Pesca, todas las del Ministerio de Medio Marino y "más del 60%" de las de la Universidade de Santiago (USC). "Por fin vamos a tener una ley muy consensuada con todos los sectores que tienen que ver con el mundo del mar", afirmó Quintana y defendió que este documento "pretende demostrar a España y Europa que Galicia sigue apostando por la pesca".
Quintana indicó que la Xunta buscó también "simplificar lo más que se pudo la burocracia y todo el trámite administrativo". "Entendemos que el sector está para trabajar en el mar", argumentó.
Quintana también aludió la creación de un comité científico, al que se atribuían en principio funciones de seguimiento del estado de los recursos, para que el Gobierno pudiese basar en datos objetivos sus decisiones. Tras consultarlo con el Consello Galego de Pesca, este órgano participará también en los procesos de transformación y comercialización.
"Felicito al sector por tener esta visión", reconoció la titular de la Consellería do Mar, quien insistió en que la legislación busca que "Galicia tenga una actividad económica que siga siendo fuerte", lo que repercutirá también en las áreas del interior, según señaló.
Rechazo
El proyecto de ley de modificación de la Ley de Pesca de Galicia quedó ayer listo para su debate en el pleno del Parlamento, con el respaldo del PP de Galicia y el rechazo de PSdeG y BNG, que lo consideran "un retroceso" para el sector. Ambos grupos parlamentarios coincidieron al reivindicar la desaparición del permiso de explotación (permex), el carácter público del Intecmar y del Servizo de Gardacostas, garantías jurídicas en la concesión de las bateas, criterios "garantistas" y "planificación pública" de la actividad acuícola y de la reserva de suelo para la ubicación de piscifactorías y fórmulas organizativas al margen de las cofradías de pescadores.
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