ANTÓN LUACES
Auno le llama la atención la enorme repercusión que los partidos políticos y la mayoría de los medios de comunicación han dado al pago de un rescate que, al parecer, se hizo utilizando un sistema tan original como es el parachutar un saco con los dineros en su interior para que los piratas se hicieran cargo de la encomienda y dejaran en libertad a los 36 tripulantes de un atunero.
Quieren saber con qué dinero se ha pagado y quién lo hizo, ¿el Gobierno o el armador?
No sé si importará mucho quién ha pagado, porque lo cierto es que se ha atendido la exigencia de unos piratas que anteponían la vida de 36 personas (los tripulantes del Alakrana) a cualquier otra cuestión. O se paga o se les mata. Así de simple, así de duro, así de claro.
Y, naturalmente, se ha pagado. Lo que importa es el rescate, por si el Gobierno ha incurrido en ilegalidad.
De haber sido así, ¿qué podrá ocurrir?, ¿quién se va a rasgar las vestiduras, si nadie se ha preocupado porque, además, también se ha pagado un avión del Ejército del Aire para desplazar a las Seychelles o de aquí a Madrid a los tripulantes españoles, y a los familiares que quisieron emplear tal medio (los vascos esperaron en Bermeo)?
Por ejemplo: la Xunta puso a disposición de los afectados -como lo hizo el gobierno vasco- un avión que trajo a Galicia y llevó a Euskadi desde Madrid a los 16 tripulantes españoles. A mayor abundamiento, la Xunta se dice que facilitó a marineros y familiares vehículos oficiales para trasladarlos del aeropuerto de Peinador a sus respectivos domicilios. Pero nadie pregunta quién se ha hecho cargo de este gasto. No conviene preguntarlo, porque sería de mal efecto y, además, poco humano. Naturalmente. Tan poco humano como que, fuese el Gobierno o el armador o ambos conjuntamente los que pagaron el rescate exigido por los piratas, los corsarios o los bucaneros, ahora se repita la historia del Playa de Bakio.
Pura hipocresía. Porque aquellos que más exigen en orden a la transparencia y el respeto a la ley, silencian hipotéticas voces que pudieran demandar la misma claridad en torno al costo que supone la operación de cobertura aeronaval de los intereses económicos de las empresas que se benefician de la pesca de túnidos en el Índico y gracias a los cuales pueden mantener unos salarios de su personal inasumibles para los armadores de litoral o aquellos que mandan sus barcos a Gran Sol. Pura hipocresía, también, cuando se compara lo sucedido con el Playa de Bakio o el Alakrana con el O Bahía, el Cordero, el Hermanos Landrove, el Enrique el Morico, el Nuevo Pepita Aurora, el Nuevo Pilín... y tantos y tantos otros pesqueros de cualquier lugar de la costa española con muertos a bordo, y a los que no se concedió la misma atención mediática y política que a los citados atuneros. Hipocresía, al fin, porque nadie en los distintos discursos, parlamentos, etc., quiere trasladar a la agricultura, al pequeño y mediano comercio, a la pequeña y mediana industria, lo que supone para el erario público la ayuda que se otorga directamente a empresas pesqueras que acogen en sus nóminas a menos de medio millar de trabajadores nacionales, cuando aquí, y ahora, las empresas ganaderas se ven obligadas a cerrar, las empresas del transporte están de capa caída, los trabajadores de empresas suministradoras se ven obligados a aceptar despidos y un largo etcétera que todos callamos porque no es políticamente correcto.
Si se destapa la caja de los truenos, que se destape totalmente. Pero no juguemos hipócritamente a preguntar quién y cómo se ha pagado el rescate de 16 españoles que, tras el asalto de su barco, se vieron en un tris de perder la vida. Si bien otros la perdieron realmente y nadie preguntó por qué.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz vendrá esta semana a Vigo para interrogar a los marineros. Quiere, asimismo, conocer la identidad de los piratas. Interrogará al armador del Alakrana, e investigará a los bufetes de abogados de Londres y otros países que presuntamente han actuado como intermediarios en el pago del rescate.
Es un comienzo.
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