ANTÓN LUACES
No era mucho más lo que se esperaba de los informes oficiales elaborados por la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos.
No lo era porque las conclusiones ahora conocidas están lastradas por las estimaciones adelantadas por quienes, de una u otra manera, se vinculan a las tesis barajadas por Salvamento Marítimo desde un principio. Con la salvedad, honrosa sin duda, del reconocimiento de que, en el caso del pesquero Cordero, el GPS de la radiobaliza no funcionó correctamente, como demostró este periódico poco después del naufragio del pesquero ribeirense.
Nada nuevo bajo el sol incluso en el caso del O Bahía, cuando se concluye que hubo pérdida de estabilidad y velocidad "inadecuada", algo que asimismo barajó LA OPINIÓN.
¿Y qué decir de la causa "determinante" del hundimiento del Prestige?
Según la Comisión, un fallo estructural en la zona de tanques de popa.
Y ya está zanjado el asunto. La Comisión ha justificado las dietas con un informe en el que, entre otras cosas, falta el análisis consecuente a las intervenciones posteriores para determinar (por ejemplo en el caso del Prestige) si la aplicación del entonces vigente Plan de Contingencias hubiera podido paliar -si no evitar- los efectos de marea negra que todos vivimos hace siete años.
Curiosamente, en la mayor parte de los casos analizados por la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos -cuyas conclusiones por fin se hacen públicas, tras mucha insistencia- se puede vincular el informe a la presumible actividad de los inspectores marítimos dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante.
Con la excepción del Prestige, los demás buques investigados por la Comisión eran competencia de la Inspección Marítima.
La modificación de la estructura de un barco que hace que éste pierda la estabilidad; el fallo clamoroso del GPS de una radiobaliza por defectos de construcción; el fallo en el funcionamiento de las bombas de achique o la falta de capacidad de estas para evacuar el agua embarcada en, por ejemplo, el parque de pesca, etc., son problemas que una inspección debe detectar. Si fuera así, tendría que existir un acta de infracción y, de persistir esta, proceder a la inmovilización del buque. Este continuó, sin embargo, su actividad hasta que el fallo o la suma de fallos provocó esa inmovilización de forma fatal para la vida de sus tripulantes.
Y quedan otras muchas cuestiones: la Comisión no analiza el papel de las radiocomunicaciones, a las que cita exclusivamente en el caso del Cordero.
Más de lo mismo, a pesar de lo mucho que se ha escrito y dicho sobre ello. Pero se ve que la Comisión, en su independencia supuesta, poco nuevo tiene que decir que contradiga a Salvamento Marítimo, la voz de su amo.