A. LUACES / P. PIÑEIRO | A CORUÑA / VIGO El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que regula la primera venta de productos pesqueros y que establece la obligatoriedad de notificar las transacciones realizadas de forma electrónica y en un plazo de 48 horas al órgano competente de cada comunidad autónoma.

Según explicó el Ministerio de Medio Marino, esta nueva legislación supone la derogación de la norma vigente desde 2004 y la adaptación del ordenamiento jurídico español a la normativa comunitaria.

El departamento que dirige Elena Espinosa precisó que el real decreto se aplicará a la primera venta de los productos pesqueros, cuando se produzca su desembarco en España y tanto si han sido capturados por buques de la Unión Europea como si se trata de importaciones de productos pesqueros frescos y congelados de barcos de terceros países que faenen en aguas comunitarias.

En este sentido, detalló que la normativa afectará a todos los productos de pesca vivos, frescos, refrigerados, congelados y ultracongelados, sin transformar o transformados a bordo, con excepción de los productos procedentes de la acuicultura y del marisqueo.

La norma también determina la obligatoriedad de remitir las declaraciones de recogida y los documentos de transporte en los casos que lo requieran.

Según Medio Marino, la legislación comunitaria considera que la transmisión electrónica de las actividades pesqueras contribuye a mejorar "significativamente" la eficacia y eficiencia de las operaciones de seguimiento, control y vigilancia, tanto en el mar como en tierra.

La nueva legislación obligará a la emisión de la nota de primera venta a las importaciones procedentes de buques de terceros países que faenen en aguas comunitarias, dado que el reglamento comunitario por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, ya establece la documentación necesaria de control para los buques de terceros países que faenen en aguas no comunitarias y quieran desembarcar o descargar en territorio de la Unión Europea.

Los armadores gallegos sospechan que no podrán contar al menos hasta el primer trimestre del próximo ejercicio con las ayudas que otorgará el Gobierno central para la instalación en sus pesqueros del equipamiento necesario para contar con el diario electrónico de a bordo.

Tal dispositivo, que será obligatorio a partir del próximo 1 de enero en todos los buques españoles de más de 24 metros de eslora, tiene un coste por embarcación de entre 4.000 y 5.000 euros.

Según los armadores gallegos el proceso de instalación de estos equipos aún no comenzó en la mayor parte de la flota española porque hasta esta misma semana el Ejecutivo no reguló las condiciones de implantación de estos equipos. Además, lamentaron que la demora en la publicación de la orden de ayudas para la adquisición de estos equipos impedirá que puedan computarse en el presente ejercicio.