P. P | VIGO La inclusión en la futura ley de pesca sostenible de una reserva nacional de posibilidades de pesca, tal y como avanzó el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, esta semana en el Congreso, cuenta con el rechazo de los armadores gallegos. El director gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), José Ramón Fuertes aseguró que tal disconformidad ya consta en las alegaciones presentadas por el sector al proyecto de la nueva ley, aún en fase de consultas y los armadores de A Coruña estudian la propuesta.

Según la explicación ofrecida por Fuertes, la propuesta del Ministerio de Medio Marino -a través de la Secretaría General del Mar- implicaría que "cuando un buque, por ejemplo, es desguazado, parte de sus derechos de pesca pasarían a manos de la Administración".

En la actualidad, tales derechos son transferidos por el armador a otro u otros empresarios por tratarse de "un patrimonio de las empresas" y, por ello, "nos oponemos a esta nueva fórmula porque nunca se hizo de este modo y porque significa que alguien se estaría quedando con parte del patrimonio de una empresa y eso no se puede aceptar".

En cambio, según el Ministerio de Medio Marino, la creación de esta reserva nacional de posibilidades de pesca, gestionada por el Estado, se prevé para "mejorar la gestión del control de la actividad y favorecer la gestión empresarial". Además, Fragueiro indicó que la transmisión de los derechos de pesca también es considerada en la futura ley de pesca sostenible, "en base a criterios como evitar la acumulación de posibilidades en un solo buque, establecer un límite mínimo por debajo del cual el buque debería abandonar la pesquería o justificar que la transmisibilidad esté restringida a buques o grupos de buques pertenecientes a determinadas categorías o censos, entre otros".

Sobre este particular, Fuertes recordó que los derechos de pesca ya se pueden transferir entre empresas pesqueras españolas -ahora reclaman que ocurra lo mismo en el ámbito comunitario- y, de hecho, los armadores ya tiene constituida desde hace años un pool o asociación de interés económico que adquiere los derechos de pesca de las empresas y buques de su asociación que dejan de operar, para luego repartirlos entre el resto de sus empresas y barcos asociados a la entidad.