AGENCIAS | MADRID / NAIROBI
El armador del atunero vasco Alakrana, cuya tripulación fue liberada el 17 de noviembre tras permanecer secuestrada durante 47 días frente a las costas de Somalia, aseguró ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que los piratas causaron a su empresa daños por importe de medio millón de euros, según informaron fuentes jurídicas.
Así lo indicó Kepa Etxebarría, administrador único de la empresa Echebastar Fleet, tras comparecer como testigo durante aproximadamente 40 minutos ante el magistrado, que trata de averiguar la identidad de los secuestradores y si la puesta en libertad de los 36 marineros que se encontraban a bordo, 16 de ellos españoles, se produjo después del pago de un rescate.
Etxebarría, que no quiso hacer declaraciones a su salida de la Audiencia Nacional, precisó ante el magistrado que a estas pérdidas hay que sumar el volumen de negocio que el atunero dejó de ingresar al ver interrumpida su labor de faena durante el tiempo que duró el cautiverio.
Durante la declaración, que fue "genérica y minuciosa", según las fuentes jurídicas consultadas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 preguntó a Etxebarría si bufetes de abogados de Gran Bretaña y otros países podrían haber intermediado en el pago del rescate, que los propios piratas elevaron a 2,7 millones de euros.
Somalíes detenidos
El testigo contestó a todas las preguntas y aportó los detalles por los que se interesaron el juez y el fiscal, Jesús Alonso, si bien las explicaciones que dio sobre el hipotético rescate no trascendieron, al encontrarse esta parte de la investigación bajo secreto de sumario.
Además, el magistrado ofreció al representante de Echebastar Fleet, compañía con sede en la localidad vizcaína de Bermeo, la posibilidad de personarse tanto en esta causa como en el juicio que en los próximos meses celebrará la Audiencia Nacional contra los dos presuntos piratas que fueron detenidos en octubre pasado.
En el marco de esta misma causa, Pedraz se trasladó en noviembre hasta Gernika (Vizcaya) y Vigo (Pontevedra) para interrogar a los 16 marineros españoles secuestrados, que le relataron las penurias que sufrieron durante su cautiverio.
El juez cerró la primera investigación sobre el secuestro el 17 de noviembre para que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal proceda al enjuiciamiento de los dos presuntos corsarios detenidos tras abandonar el pesquero en un esquife, que responden a las identidades de Cabdullahi Cabdiwily, alias Abdu Willy, y Raageggesey Hassan Haji. Ambos serán juzgados por 36 delitos de detención ilegal -uno por cada uno de los tripulantes del pesquero secuestrado- y robo con violencia y uso de armas, por los que podrían ser condenados a penas de entre 219 años y medio y 365 años de cárcel.
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