AGENCIAS / REDACCIÓN | SANTIAGO / A CORUÑA
La Xunta introducirá un cambio puntual en el Plan Galego de Acuicultura que permitirá a las empresas del sector comprar directamente a los propietarios los terrenos donde construirán las piscifactorías, de forma que la vía de la expropiación forzosa por parte de la Administración se mantendrá "sólo en casos extraordinarios", según explicó ayer el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.
En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo explicó que esta modificación pretende dar "un impulso desde el punto de vista de la seguridad jurídica" para la implantación de nuevas plantas acuícolas en la comunidad. Mientras, la Consellería do Mar destacó que constituye "un paso más para desbloquear la situación de parálisis" en el sector.
El nuevo método permitirá que las empresas de acuicultura puedan convertirse en propietarias de los terrenos, lo que Mar señala que supone una "garantía de su inversión", ya que "podrán invertir con miras de futuro y total seguridad", en lugar de la vigente concesión administrativa por un tiempo determinado, "lo que pondría en riesgo las inversiones de futuro".
Sistema anterior
Hasta el momento, en Galicia se realizaba una expropiación forzosa de los terrenos, cuya titularidad pasaba directamente a la Xunta, y que posteriormente cedía su uso, en régimen de concesión administrativa, a la empresa para desarrollar la actividad acuícola por un máximo de 30 años.
Con la reforma del Plan Galego de Acuicultura, las empresas cuyos proyectos sean aprobados por el Ejecutivo autonómico podrán negociar directamente con los propietarios de los terrenos, lo que según la Xunta, garantizará "condiciones más ventajosas" para el particular, ya que contará, como mínimo, con el precio que se fije en el procedimiento de expropiación en caso de que no llegue a un acuerdo con la empresa.
Los embargos de los terrenos sólo se producirán cuando una mayoría de propietarios haya accedido a la venta pero quede una minoría en desacuerdo.
Feijóo precisó que, además de esta modificación puntual, la Xunta realizará un "último análisis en el Plan del Litoral", que el Gobierno gallego pretende aprobar antes de finalizar el presente año. En todo caso, puntualizó que, con este cambio en el sistema de acceso a la propiedad de los terrenos, éstos "sólo se podrán dedicar a plantas acuícolas".
La Consellería do Mar argumentó también que aplicar el método previsto en el Plan de Acuicultura de 2008, elaborado por el bipartito, conllevaría que la Administración realizase importantes desembolsos para afrontar los pagos de las expropiaciones de los terrenos que luego se cederían a las empresas acuícolas.
Por contra, el actual Ejecutivo defiende que "debe ser la propia empresa beneficiaria la que realice el desembolso para llevar a cabo la actividad". A su juicio, el desarrollo de las actividades empresariales dedicadas a la producción de bienes para el mercado no se debe hacer bajo el régimen de concesión para uso de bienes patrimoniales de la Administración, puesto que no se trata de bienes de dominio público.
El Plan Galego de Acuicultura incluye la construcción o ampliación de 21 plantas en el litoral gallego. La Xunta actual eliminó del proyecto del bipartito cuatro ubicaciones e incluyó dos, entre ellas la que la multinacional Pescanova pretende construir en cabo Touriñán.
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