ANTÓN LUACES
Tres nuevos reglamentos comunitarios intentan prevenir, desalentar y erradicar la pesca ilegal en todas sus formas desde el pasado 1 de enero de 2010. Es la respuesta de la Unión Europea a la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que dio como resultado un tratado que prohibe el acceso portuario a la pesca procedente de buques que practiquen este tipo de actividades. Es un paso importante que han ratificado inicialmente 25 Estados conocedores de que la pesca ilegal en el mundo alcanzaría los 10.000 millones de euros por año. Este tipo de pesca sería, de mantenerse las cosas como estaban hasta ahora, la segunda productora mundial de alimentos de la mar detrás de China. Representaría el 20% de los precios mundiales, e incluso más en ciertas pesquerías. En 2007, las capturas reales de atún rojo podrían haber alcanzado las 60.000 toneladas, si bien se han declarado tan sólo 34.000.
Para que esa actividad ilegal se mantenga, aquellos que la auspician han de pasar, necesariamente, por la infracción a la reglamentación (exceso de cuotas, utilización de técnicas de pesca prohibidas, pesca fuera de estación o de la zona autorizada, etc.) y entrar de lleno en el mero saqueo ejecutado por barcos sin licencia de pesca. Todo esto se da, todo esto ha de ser extirpado, como una pieza dental que no reúne las condiciones para mantener la actividad bucal que le corresponde. Y a todo esto debe hacer frente España, país que se ha involucrado de lleno en la lucha contra la pesca ilegal, pero que mantiene focos -algunos de ellos en Galicia- que evidencian ciertas incapacidades de control o, lo que es peor, permisividad.
Todas esas capturas contribuyen sustancialmente a la sobrepesca mundial. Más del 80% de las existencias piscícolas son explotadas al máximo o bien sobreexplotadas, según los datos de la propia FAO. A ello contribuyen de forma decisiva el arrastre de fondo o los descartes masivos.
La pesca pirata representa una competencia desleal para aquellos pescadores que respetan las líneas establecidas por las leyes. El saqueo priva de recursos a aquellos que siempre esperan, incluso a la hora de afrontar la adopción de medidas con las que paliar los efectos del hambre. De ahí el riesgo para las poblaciones afectadas, cuya salud depende en gran medida del aporte proteínico (80%) que proviene de los peces.
Es una pesca ilegal que, perjudicando de forma directa a las poblaciones pobres, consecuencia de la demanda de los países más ricos, que son los que se permiten pagar grandes cantidades por la carne de atún, la merluza negra austral, la langosta o el camarón. Ninguno de los mares está a salvo de la rapiña que practican piratas que, en algunos casos, llevan apellidos gallegos y contra los que, se diga lo que se diga, apenas si se toman medidas.
Algunos datos apuntan que, en aguas europeas, la probabilidad de que un barco sea inspeccionado es de 1 sobre 600, probabilidad que resulta nula en alta mar frente a las costas de los países pobres y las 200 millas de sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas.
África Occidental, el área del Pacífico y el océano Índico son las zonas más afectadas por la depredación que practican habitualmente asiáticos y europeos (entre estos no pocos gallegos, bien como armadores o como tripulantes). La carencia de medios para el control de esa ilegalidad pone en bandeja a los infractores la posibilidad de practicarla. La bandera de conveniencia prima sobre otras y, como los petroleros basura, los pescadores ilegales cambian fácilmente de pabellón y de nombre. Sus propietarios tejen y destejen empresas en paraísos fiscales e incluso se toman la libertad de poseer barcos legales que, por esta condición, reciben ayudas de todas las administraciones. En el caso de Galicia, algunas de esas empresas se embolsan cantidades de dinero nada desdeñables que van desde las ayudas a la modernización a aquellas otras concedidas mirando al tendido y oficialmente destinadas a campañas experimentales de pesca que o no se realizan o se otorgan para absurdas y nada prácticas -en cuanto a rentabilidad- campañas.
Si se quiere lograr la prevención, al tiempo que desalentar a quienes practican la pesca ilegal y erradicar esta, España habrá de dar pasos más decisivos que las propuestas en la línea que establece la modificación del anexo I del Reglamento 1005/2008 del Consejo en lo que atañe a la definición de los productos de la pesca y el Reglamento 1010/2009 de la Comisión. Sobre todo en lo que se refiere al intercambio de información sobre las inspecciones de los buques de terceros países y los acuerdos administrativos en materia de certificados de capturas para sustituir la lista de productos de la pesca por otra ajustada al Arancel Común; regular la transmisión de información sobre inspecciones de buques de terceros países por vía electrónica a la Comisión y de ésta a los demás Estados miembros, y actualizar los acuerdos administrativos en materia de certificados de capturas.
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