La Fiscalía acusa de un supuesto delito de prevaricación medioambiental al presidente de Portos de Galicia, José Manuel Álvarez-Campana, por la tramitación de la piscifactoría de Rinlo (Lugo) en 2005, cuando era director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental al considerar que pudo tratarse de una "decisión arbitraria e injusta".
El fiscal especializado en Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz, explicó ayer que la acusación parte de una denuncia previa de la asociación ecologista Adega presentada en la Fiscalía en febrero de 2010. Ortiz aclaró que se trata de un hecho delictivo de prevaricación medioambiental que puede derivar en dos delitos: el haber dictado una declaración de impacto ambiental, que fue anulada, y dar el visto bueno al inicio de la actividad de una empresa "potencialmente contaminante". Para la conselleira do Mar, Rosa Quintana, su departamento no tiene "constancia siquiera de que haya sido admitida a trámite". Quintana destacó que la CE archivó en 2007 el expediente abierto a raíz de una denuncia anterior de Adega, en 2005.
