El presunto uso de fondos del Estado para rescatar al atunero Alakrana de los piratas somalíes que lo secuestraron durante 47 días en aguas del Índico amargó el pasado diciembre el inicio de la presidencia rotatoria de la Unión Europea a José Luis Rodríguez Zapatero. Un año más tarde, el PP ha amenazado con emprender acciones legales si el Gobierno no aclara si hubo o no dinero público para salvar la vida de los 36 tripulantes del buque vasco, liberado en noviembre de 2009.
En el ojo del huracán se encuentra la diplomática catalana María Jesús Figa López-Palop, anterior subsecretaria de Exteriores. A ella se le atribuye el haber dictado la orden de transferir el dinero, el 12 de noviembre del año pasado, para "gastos corrientes" al entonces embajador en Kenia, Nicolás Martín Cinto. Según las informaciones publicadas estos días, Figa habría dicho entonces que el dinero se repondría. De acuerdo con la misma versión, en abril de 2010, un donante no identificado ingresó 354.000 euros en la cuenta del Ministerio, en una entidad bancaria madrileña. Tras las gestiones fallidas de otros altos cargos, Martín Cinto, con fama de excelente negociador, jugó un papel clave en el desenlace del secuestro, según reconocieron a LA OPINIÓN fuentes de Exteriores.
Los diputados del PP, Arturo García Tizón y Jaime García Legaz consideran a la ex número tres del Ministerio culpable de dar curso a una orden ilegal, ya que, según ellos, conocía el fin de la transferencia. En el Ministerio de Medio Marino, cuya ministra era entonces la gallega Elena Espinosa, en todo momento han negado el uso de dinero estatal. "No hemos pagado nada", esa fue la escueta frase que obtuvo LA OPINIÓN el pasado año, una versión que mantienen hoy las mismas fuentes, aunque alguno de los consultados reconoce que los fondos reservados existen precisamente para resolver "situaciones delicadas".
Figa, nacida en 1951 en Barcelona, licenciada en Derecho, diplomática desde 1978, mantiene silencio. Ha estado destinada en las representaciones diplomáticas españolas en Costa de Marfil, México y Lisboa. Además, ha sido jefa del Gabinete Técnico en la Subsecretaría de Exteriores. Pagar una recompensa con dinero público, según la ley española, es delito. La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, recordó que su antecesor, Moratinos, y la ex vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dejaron claro que "no se había producido ningún pago por parte del Estado y que todas las gestiones fueron realizadas en el marco de la legalidad nacional e internacional".
