Los armadores gallegos entienden que la propuesta de reforma pesquera del Ejecutivo comunitario -recientemente planteada por la comisaria europea del ramo, Maria Damanaki- pondrá en peligro muchos puestos de trabajo en el sector. Los empresarios gallegos tienen en el punto de mira varias de las medidas planteadas por considerar que, de aplicarse, provocarían la destrucción de empleo en la comunidad. Entre ellas está la eliminación "súbita" de los descartes -aquellas capturas no deseadas que se devuelven al mar ya muertas- o el plazo para alcanzar el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), la captura óptima que puede extraerse de una población de peces año a año sin poner en peligro su capacidad de regeneración futura.
Bruselas establece para 2016 la eliminación total de los descartes y para 2015 el RMS, unos plazos cuestionados también por la Administración central y por la Xunta, que los consideran poco realistas. De hecho, en el último Consejo de Ministros de Pesca de la UE se analizó la propuesta de reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y la ministra de Medio Marino, Rosa Aguilar, ya planteó objeciones a estos plazos, aún compartiendo -como también hacen los armadores gallegos- el objetivo de la sostenibilidad de los recursos. En su argumentación y aviso ante una previsible pérdida de empleo en el sector, los armadores recuerdan la trascendencia social y económica de la actividad pesquera en Galicia y aportan datos para justificar su reclamación de modificaciones en la actual propuesta de reforma.
Datos de empleo
Los empresarios gallegos destacan que el sector pesquero gallego genera más de 40.000 empleos -46.000 en el año 2007- y en torno a 4.700 millones de euros, según datos de la Xunta. Más de 20.000 empleos pertenecen a la propia actividad extractiva, el marisqueo y la acuicultura, 12.000 a la industria conservera, 8.000 al sector del congelado y otros 2.000 a la cadena de comercialización.
Los armadores también recuerdan en su informe que la comunidad gallega concentra el 15% de la producción pesquera de la Unión Europea, lo que se traduce en el 10% del empleo comunitario del sector y el 52% en el ámbito español. Además, inciden en la capacidad del sector para generar empleo y actividad, al estimarse que cada empleo en el mar crea otros cuatro en tierra.
Ante estos datos, los profesionales gallegos de la pesca reclaman a Bruselas que realice un análisis de impacto económico y social de la propuesta de reforma y "flexibilidad" en los plazos de algunas de las medidas más amenazadoras para el empleo en la actividad extractiva.
