Hace dos años, un Reglamento comunitario imponía un régimen de control que, teóricamente, garantizaría el cumplimiento de la normas de la política pesquera común mediante el agravamiento de las sanciones. El eje básico de tal reglamento no era otro que la aplicación de un sistema de carné por puntos -similar al que la DGT aplica en España a los conductores de todo tipo de vehículos- que, por medio de las sanciones aplicadas, lleva a la retirada de los puntos hasta perder la licencia de pesca por un tiempo determinado. Si el beneficiario del tal carné se comporta adecuadamente, se le aumentan los puntos.

Con ese reglamento, de aplicación desde hace dos años y que entre los pescadores españoles recibió duras críticas, se iba a producir una especie de Nirvana en aquellas especies más afectadas por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) y se lograría una recuperación evidente de las reservas de dichas especies.

A la vista de los nuevos planteamientos de la reforma de la Política Común de Pesca habrá que pensar que el mencionado reglamento ha seguido el mismo camino de su pariente de 2008, que desarrollaba un sistema para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; o aquel otro, del mismo año, que sería una especie de gran hermano en las actividades pesqueras de los buques comunitarios que, al no disponer de caladeros comunitarios, accedían a aguas internacionales para, en este predio sin dueño, pescar y pescar hasta el hartazgo y sin tener en cuenta para nada la sostenibilidad, la trazabilidad y todas esas añadiduras que emanan de la responsabilidad del armador, del patrón y de los miembros de la tripulación, responsables todos ellos en el grado que les corresponde de ese ejercicio criminal de una actividad que, debidamente, reglada, podría permitir que las próximas generaciones sigan pescando allí donde lo hacen las actuales.

Pues no, no hay tu tía: ni el miedo a la pérdida de puntos en el carné hace que nuestros intrépidos piratas de los mares sigan haciendo de las suyas y, que se sepa, los puntos siguen ahí, sin incrementarse o descender en su número porque quien legisla no hace absolutamente nada para cumplir con lo legislado.

Por si fuese difícil controlar a quienes piratean en aguas internacionales, he ahí que barcos del día con base en Galicia -y más concretamente en un conocido puerto arousano- siguen pescando bacaladilla como si su captura no estuviera prohibida y, lo que es más sorprendente, intentan venderla en sus respectivos puertos. Unas veces lo logran y otras no. Sus armadores son sancionados, pero el barco vuelve a las andadas y, reincidente en grado máximo, se presenta de nuevo en puerto con la esperanza de que, por una vez, los inspectores de pesca no estén en su sitio.

La reiteración sorprende: las sanciones no deben ser muy importantes y armador y patrón, junto con los tripulantes, optan por asumir la responsabilidad del delito, pagar la multa y poner proa a las pocas horas a la zona donde saben que la bacaladilla les espera. Como en lo que atañe al carné por puntos nadie mueve ficha, el patrón vuelve a salir a la mar con la misma tranquilidad que debe producir al conductor de un coche que sabe que la Guardia Civil no va a estar las 24 horas de cada día del año en el mismo lugar en el que antes le había sancionado.

En dos años (2008 y 2009), tres reglamentos de pesca comunitarios con el mismo objetivo. Dentro de poco más de un año, un nuevo reglamento emanado de la reforma de la PPC que ahora se debate. Y al final, los mismos que pescaban ilegalmente seguirán haciéndolo para reírse en las mismísimas barbas de la Comisión Europea, que no aprende a legislar para que se cumpla a rajatabla lo legislado en materia de pesca ilegal. ¿Aprenderán algún día?