Satisfacción por un lado e indignación por otro. Y es que mientras los mejilloneros gallegos se felicitan por haber logrado que el Parlamento Europeo haya asumido sus propuestas de incluir al mejillón en la lista de productos del mar subvencionables para compensar al sector ante drásticas caídas del precio del producto y que se diferencie la acuicultura extensiva -cultivo de bivalvos- de la intensiva o industrial, lo que le da acceso al sector al Fondo Europeo de Pesca, valoración bien distinta realiza de los cambios acordados en relación con el etiquetado de los productos en conserva.

El Consello Regulador do Mexillón de Galicia se mostró ayer muy irritado ante la "supresión de la obligación de incluir la denominación comercial de la especie y el país de origen en el etiquetado de las conservas", uno de los aspectos que figuran en el documento de la Organización Común de Mercados (OCM), que regula las normas de comercialización de los productos del mar y la acuicultura y que es uno de los cuatro ejes de la reforma de la Política Pesquera Común aprobado el pasado miércoles por el Parlamento Europeo aunque para su aceptación definitiva precisa del visto bueno del Consejo de Ministros de la Comisión Europea.

Según detalló ayer el Consello do Mexillón, esta decisión de la Eurocámara no solo compromete la "viabilidad del sector mejillonero y la de los productos del mar gallegos", sino que perjudica los "intereses del consumidor".

El presidente del Consello, Francisco Alcalde, vaticinó que, de dar finalmente luz verde Bruselas a la decisión del Parlamento los pescados y mariscos gallegos destinados a la transformación quedarán "huérfanos de protección frente a conservas anónimas" que inundarán los mercados.

En ese sentido, Alcalde recuerda que en el caso del mejillón llevan años sufriendo una "competencia desleal por parte de productos foráneos mal etiquetados" que se intentan aprovechar engañosamente del prestigio adquirido por el mejillón gallego.

Desde el Consello se arremete contra la eurodiputada del PP Carmen Fraga, a quien se responsabiliza de la propuesta de "privar de información al consumidor" con argumentos ante el Europarlamento como que el plan inicial de etiquetado de la CE -modificado tras el debate- confundía "cantidad de información con buena información" y que los datos sobre especie y origen de las conservas complicaría el etiquetado "sin aportar nada relevante al consumidor, que sería incapaz de digerir tal cantidad de detalles". Esas razones, para Alcalde, "subestiman la inteligencia de los consumidores", que tienen derecho a conocer "qué especie contiene una lata y su procedencia, para evitar confusiones y fraude".

La omisión de información perjudica la transparencia de los mercados y la revalorización de los productos del mar, que Mar se marca como objetivo estratégico y donde se considera la necesidad de diferenciar los productos del mar de Galicia de los foráneos mediante el etiquetado. Ante esas razones esperan que el documento aprobado por el Europarlamento no sea ratificado por la CE y apelan a los representantes políticos gallegos para modificar tal decisión al tiempo que emplazan a la conselleira do Mar a que interceda ante Arias Cañete.