Fomento ultima la integración de la empresa pública Remasa en Sasemar

La firma dependiente del Estado tiene unos 700 empleados, casi la mitad gallegos . El Gobierno pretende cerrar tres de las seis estaciones costeras españolas y despedir a unos 30 profesionales

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Una embarcación de salvamento en la costa coruñesa. / juan varela
Una embarcación de salvamento en la costa coruñesa. / juan varela 

A. LUACES / REDACCIÓN| A CORUÑA El Ministerio de Fomento ultima la integración de la empresa de capital público Remolques Marítimos SA (Remasa) -la compañía que engloba a la mayoría de embarcaciones de rescate del Gobierno y al personal que trabaja en ellas, tanto en el mar como en tierra- en Salvamento Marítimo con el objetivo de ahorrar costes. La fusión se producirá el próximo 1 de diciembre y, según los representantes sindicales de las dos sociedades, afecta al personal de Remasa que, pese a desempeñar funciones similares a las de los profesionales de Sasemar, tiene convenios colectivos distintos a los del organismo dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante.

Los sindicatos entienden que la integración de la firma de capital público en Salvamento no va a provocar problemas operativos, porque el trabajo a bordo de los buques de Remasa y de los de Sasemar es prácticamente el mismo, pero sí puede generar conflictos por los salarios establecidos en cada uno de los convenios colectivos vigentes: el personal de Remasa tiene un sueldo superior al de Salvamento, por lo que temen posibles recortes a los profesionales pertenecientes a la empresa de capital público.

Otro problema laboral que plantean los representantes de los trabajadores son los horarios, diferentes en las dos entidades. Las centrales sindicales de las dos firmas, sin embargo, confían en que la Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo mantengan el actual estatus de los dos departamentos al considerar que la integración de Remasa en Sasemar "ya abarata costes, unifica funciones y racionaliza el gasto público".

Los sindicatos alertaron ya en junio de la pretensión del departamento que dirige Ana Pastor, que disolvió en abril el consejo de administración de Remasa. Ese simple hecho, aseguraron los representantes de la plantilla, supuso al Gobierno un ahorro "importante" por la supresión de cargos directivos. Ahora esperan que los recortes no afecten al personal y, como consecuencia, a la labor de salvamento. Temen que tenga pensado hacer algo como lo ocurrido en 2010 con el anterior Ejecutivo, cuando se planteó despedir a más de 100 empleados de los alrededor de 700 que trabajan en Remasa. Finalmente se reorganizó el personal y no hubo despidos. De la plantilla total, esos 700 empleados, según fuentes sindicales, "casi la mitad son gallegos", repartidos por las diferentes bases de Salvamento Marítimo existentes en las costas españolas.

Los expertos en salvamento, sin embargo, consideran preocupante también el recorte en el número de estaciones costeras -actualmente atendidas por la empresa Abertis Retevisión- porque "pueden afectar a la seguridad de la vida humana en el mar". Según ha podido saber este diario, el Gobierno pretende cerrar tres de los seis centros existentes -los de Canarias, Bilbao y Málaga- y despedir a un mínimo de 30 empleados. Quedarían operativas las estaciones costeras de A Coruña, Valencia y Madrid.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) presentó una denuncia ante las inspecciones de Trabajo y Seguridad Social de Lugo y Vigo contra la empresa Inaer, que ofrece el servicio aéreo de salvamento marítimo de la Xunta, por "incumplimiento del ordenamiento laboral respecto de la obligación forzosa de horas extraordinarias de su personal de vuelo de las bases de helicópteros de Viveiro y Vigo". El sindicato explica que es el "segundo año" en que Inaer trata de "incumplir la ley laboral".

A dos meses de que termine 2012, según fuentes del Sepla, varios comandantes y copilotos que trabajan para el Servizo de Gardacostas "han excedido el tope de horas anuales permitidas por ley".

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