Es una reforma "miope", que analiza al sector pesquero, pese a que "tiene futuro", como a un "enfermo terminal" al que solo se aplican cuidados paliativos en vez de atacar las causas reales de sus males. Es también una reforma "poco ambiciosa", que debería procurar una mayor colaboración técnico-científica con empresas y administraciones, apoyar la internacionalización y las exportaciones, prestar más atención y fondos a la industria transformadora y reforzar los controles en la entrada de productos importados para evitar a la industria transformadora y al sector comercializador el doble dumping laboral e higiénico-sanitario, que provoca una competencia en "condiciones de inferioridad" con respecto a terceros países.

Estas son algunas de las afirmaciones que ayer se escucharon por parte de integrantes del Consejo Económico y Social (CES) de España, que acudieron al Museo do Mar de Galicia, en Vigo, para dar cuenta de las conclusiones de su informe sobre la reforma de la Política Pesquera Común, aprobado el pasado mes de enero. El propio presidente del CES, Marcos Peña, junto con la presidenta del Consello Económico e Social de Galicia, Corina Porro, cuestionó "carencias" de una reforma que prima los criterios de protección ambiental frente a el impacto económico y social de las medidas que propone en vez de procurar su "conciliación".

Asimismo, el informe critica la escasa atención a la dimensión social, ya que no incluye medidas para mejorar las condiciones de trabajo y seguridad en el sector, que representa el 0,7% del PIB de la UE pero que concentra el 7% de la siniestralidad laboral. Y, en lo que respecta a la flota, se cuestionó el mantenimiento del criterio de reparto de cuotas -estabilidad relativa- en el que España es el país más perjudicado y del que derivan los descartes pesqueros, cuya reducción puede implicar nuevas reducciones de flota. Así lo señalaron los consejeros del CES presentes en el acto.

La presentación del informe contó con la presencia de una veintena de representantes del sector pesquero gallego y español, así como con la del secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, y de la conselleira do Mar, Rosa Quintana, que señaló en la clausura la coincidencia de los planteamientos de la Administración gallega con el dictamen del CES.

El acto estuvo también protagonizado por una veintena de representantes de la flota cefalopodera, expulsada de Mauritania, que acudieron para forzar un encuentro con Domínguez para exigir soluciones y pedir información sobre el "rumor" de que la CE inició el proceso de denuncia del acuerdo con Mauritania por baja utilización. Domínguez, que accedió al encuentro, tras la mediación de Corina Porro, negó esta cuestión y achacó el rumor a una "información interesada" de una ONG francesa, "interesada en que el Parlamento Europeo de su visto bueno" al acuerdo.