El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, no quiere dejar cabos sueltos en materia pesquera antes de abandonar su cartera tras ser elegido cabeza de lista del PP para las elecciones europeas. El Consejo de Ministros celebrado ayer -el último con la presencia de Cañete- aprobó, a propuesta del Ministerio, el Proyecto de reforma de la Ley de Pesca Marítima del Estado, vigente desde 2001, con el objetivo de impulsar una serie de "prioridades clave" para la política pesquera española. Y la nueva normativa viene cargada de novedades para el sector. Entre ellas destaca la reducción en el importe de las multas para quienes recurran al pago voluntario bonificado, la igualdad de trato entre hombres y mujeres en pesca y acuicultura, la regulación del turismo marinero o la intensificación de la lucha contra la pesca ilegal. "Esta ley será más eficiente y garantizará la sostenibilidad", aseguró Cañete tras el Consejo de Ministros.
La entrada en vigor, el pasado enero, de la nueva Política Pesquera Común (PPC) y los numerosos cambios normativos en materia pesquera por parte del Gobierno y de la UE apremiaban al Ministerio de Agricultura a realizar un cambio de la ley de pesca que rige desde hace ya 13 años. Entre las principales novedades de la normativa que regula la actividad extractiva destacan los siguientes puntos:
Sistema sancionador. La nueva ley de pesca recogerá el sistema del carné por puntos (ya en vigor tras ser aprobado por real decreto), que sanciona al sector con un método similar al del carné de conducir, atendiendo al tipo de infracciones cometidas por armadores, patrones y capitanes. Y aunque, en principio, la normativa vigente no sufrirá importantes modificaciones, el ministro de Agricultura destacó ayer una novedad: habrá reducciones de multas para quienes sigan sistemas de pago voluntario bonificado. Así, se aplica el conocido como pronto pago, que implica que cuanto antes paguen la multa los sujetos sancionados, menor será su importe.
Pesca ilegal. El Ejecutivo central lleva ya meses intensificando su lucha contra la pesca ilegal. La nueva normativa pretende eliminar "cualquier espacio de impunidad" para los operadores vinculados a las prácticas ilícitas, "endurecer" la respuesta punitiva de la Administración y fortalecer "decididamente" el régimen de control de importaciones de productos pesqueros. Según explica Agricultura, con la reforma de la ley de pesca se amplía el ámbito de aplicación del régimen sancionador para actuar frente a buques extranjeros cuyo estado de pabellón no haya ejercido su competencia sancionadora, a la vez que se refuerza el control sobre los marineros nacionales enrolados en buques de terceros países, como ya hizo de forma "pionera" la Secretaría General de Pesca el pasado mes de febrero.
Inspecciones. El sector pesquero -especialmente el gallego- lleva tiempo alertando del aumento de las inspecciones. La nueva PPC conlleva un incremento todavía mayor de los controles y el Gobierno español quiere estar a la altura. Y es que, según explica Agricultura, el régimen sancionador ha sido "racionalizado" y "modernizado" y entre sus novedades destaca el "fortalecimiento" de las atribuciones de los inspectores de pesca.
Turismo marinero. El proyecto de reforma de la normativa recoge también una reclamación histórica del sector pesquero gallego: la regulación del turismo marinero. Según explica el Ministerio, la nueva ley busca diversificar la economía del sector y para el Gobierno las actividades turísticas guiadas por marineros -con un importante tirón en Galicia- tienen que ser "más relevantes" para que pueda suponer un complemento a la renta de la flota.
Igualdad de género. La reforma busca mejorar la situación socioeconómica del sector pesquero y acuícola a través del "reconocimiento" de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. "El liderazgo y el emprendimiento de las mujeres constituyen un elemento fundamental en el futuro de la pesca", señaló Agricultura en una nota.
La reforma incluye, además, otros aspectos como la simplificación del régimen de censos de la flota nacional o cambios en la normativa de primera venta del pescado. Y todo, según explicó Cañete, para hacer "más eficiente" la legislación pesquera y garantizar la "sostenibilidad" de los mares. El ministro pone con esta reforma el broche a dos intensos años de trabajo en el ámbito de la pesca española.
¿Y qué opina el sector de todo esto? El secretario general de la patronal pesquera Cepesca, Javier Garat, manifestó ayer que el proyecto tiene aspectos positivos, pero la incógnita está ahora en conocer el importe máximo de las multas por infracciones. Y es que Garat apunta que, en los borradores que el Gobierno remitió al sector, la penalización era "desproporcionada", tanto en el importe máximo -que doblaba el actual de 300.000 euros- como en el aumento de los plazos de prescripción de las sanciones.
