Muy preocupados. Así salieron los representantes del sector pesquero que ayer acudieron a la Secretaría General de Pesca en Madrid para analizar con los responsables de las administraciones central y autonómicas y científicos la situación de la pesquería de la sardina en aguas ibéricas (desde el Cantábrico al golfo de Cádiz) a la vista de los malos datos del recurso -los peores desde la década de los años setenta- recabados por los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM o ICES, por sus siglas en inglés). Los expertos aconsejan reducir las capturas hasta las 17.000 toneladas este año y la flota lusa podría salir más beneficiada en aplicación de criterios históricos de capturas. Esas 17.000 toneladas representarían una reducción de casi el 70% respecto a las 55.000 computadas por España y Portugal en 2012.

El portavoz de la mayoritaria Asociación de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García, aseguró que la Secretaría de Pesca puso ante el sector la disyuntiva de aprobar un plan de gestión del recurso con Portugal -el Gobierno lo remitirá inmediatamente a la flota- o asumir que el próximo año la Comisión Europea implante un Total Admisible de Capturas (TAC) acorde con la recomendación científica. Ante esa posibilidad, precisó el Ministerio, "las autoridades portuguesas y españolas han propuesto la aplicación de una regla de explotación alternativa a la aplicada por CIEM para calcular el total de capturas", con cuotas ligeramente superiores.

Ante esta situación y la estimación de que el nuevo plan no superará las 20.000 toneladas de capturas, el sector del cerco echa cuentas y ve el futuro muy oscuro. "Ya tenemos poca cuota de caballa, bajó la de jurel y ahora viene este plan de la sardina, que es como tirar una bomba contra el sector", aseguró García, que alertó de que el drástico recorte de las capturas "puede dejar por el camino al 80% del cerco", compuesto en Galicia por 155 barcos, la mitad de este segmento de flota en España. Además, recordó su exigencia -asumida por la Xunta- de elaborar un estudio sobre las consecuencias socioecnómicas de la desaparición del cerco en Galicia, con más de 1.200 empleos a bordo y una enorme de actividad inducida en tierra y responsable de la mayor parte de la actividad en lonjas y puertos.

Además, se mostró muy crítico con el esperable criterio de otorgar más cuota a Portugal que a España en el futuro reparto. "Ellos tienen 100 barcos y nosotros 330, y desde hace muchos años tenemos establecidos máximos diarios, redujimos los días de pesca y tomamos medidas de protección de alevines y resulta que ahora parece que Europa no tiene en cuenta esas medidas y penaliza al que cuida el recurso; no hay quien lo entienda", concluyó.