Desde los ya lejanos años 50-60 del siglo pasado hasta el todavía relativamente reciente 1994, más de 12.000 trabajadores del mar -en su inmensa mayoría gallegos- han cotizado a la Seguridad Social de Noruega sin que, a día de hoy, las autoridades nacionales reconozcan sus derechos a la percepción de las correspondientes pensiones de jubilación.
Por este motivo, dos autobuses que realizarán el recorrido Boiro-Noia-Betanzos-Madrid y Vilaxoán-Portonovo-Marín-Cangas-Madrid trasladarán a la capital de España, el día 26 de este mes, a un centenar de personas que se concentrarán ante la embajada y la oficina comercial del país nórdico en Madrid para reclamar una solución al problema.
Lo harán, conscientes de sus derechos. Unos derechos que, dicho sea de paso, al tiempo que Noruega y sus autoridades no quieren reconocer por la vía del diálogo, tampoco el Gobierno español -de ayer y de hoy- ha reivindicado porque, a lo que se ve, nunca ha estado convencido de que, con sus nacionales, se comete una discriminación que queda en evidencia en el libro Una cuestión de derechos humanos: la protección de Seguridad Social de nuestros trabajadores del mar emigrantes en Noruega, del que es autor el doctor profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidade da Coruña, Xosé Manuel Carril Vázquez.
En este libro-informe, el profesor Carril Vázquez concluye, con citas a una amplísima bibliografía, que el "grave problema de desamparo legal" reconocido por la Comisión Europea (que se ha desentendido del asunto proponiendo un convenio bilateral de seguridad social entre España y Noruega) tendría una respuesta muy distinta de analizarse la residencia "como requisito de afiliación al sistema noruego de seguridad social desde el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que permite calificar como condición excluyente y discriminatoria haber exigido la residencia para tal inclusión, vulnerando derechos fundamentales universalmente reconocidos". Y es que, informa el autor, "reparando en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay diferencia de trato discriminatorio por razón de nacionalidad, al no exigirse la residencia, por el contrario, a los nacionales noruegos en los mismos barcos, sin que exista justificación objetiva y razonable para ello".
El informe del profesor Carril abre nuevas posibilidades a las reclamaciones de los marinos gallegos que durante años han convivido con otros de nacionalidad noruega en los mismos barcos y circunstancias. Muchos de estos habían fijado su residencia en el Levante español o en las costas de Miami, sin que ello fuese un obstáculo para continuar pagando sus tasas o impuestos en Noruega y, ahora, gozar de unas pensiones de jubilación que para sí quisieran los españoles.
Los trabajadores del mar emigrantes españoles en Noruega se afanan, con sus abogados, en lograr salvar el obstáculo de la legislación noruega para acudir directamente al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, algo para lo que sería muy importante contar con el apoyo del Gobierno español que, de otorgar el mismo, podría lavar así sus culpas anteriores y actuales. Y es que los afectados consideran que los impuestos progresivos que fueron de aplicación a su trabajo a bordo de buques de pabellón noruego son, a todas luces, "una verdadera estafa, las preferentes noruegas para los marinos naturales de España".
Sobre todo para aquellos que, durante más de dos decenios, han contribuido con su esfuerzo diario a engrandecer una flota que enarbola la bandera de Noruega, considerada en el mundo entero como un modelo a seguir. Un modelo que, para sus tripulantes españoles, tiene los pies de barro.
