Hace muchos años que, tanto la Consellería (hoy do Medio Rural e do Mar, antes de Pesca) como la Guardia Civil y la Policía Autonómica -además de las policías locales y los vigilantes o guardas jurados de las cofradías- saben perfectamente quiénes son los mariscadores o pescadores furtivos que incumplen las normas establecidas y por las que se rigen en Galicia aquellos que se considera cumplen la ley.
Los incumplidores han campado por sus respectos. Y furtivos ha habido -en este periódico se ha dicho más de una vez- que no han tenido empacho algunos en invitar a fiestas familiares (por ejemplo bodas) a quienes ostentan la representación en la aplicación de tales leyes.
Ahora, y en base a nuevos planteamientos gubernamentales, el furtivo lo va a tener más complicado para zafarse de, por ejemplo, la cárcel, en el caso -muy habitual- de ser "repetidores". Aquí sí que va a ser de aplicación el conocimiento del historial de cada furtivo y poder demostrar que existen antecedentes suficientes como para que se les considere merecedores de la aplicación de penas.
Algunos de los mariscadores furtivos aseguran que no pueden hacer otra cosa que el marisqueo ilegal para mantener a sus hijos y que estos puedan asistir a las escuelas. Serían los niños, por tanto, los que pagaran directamente las consecuencias de tener progenitores que incumplen la ley. Y, que sepa, al menos, nada se ha previsto para estos casos salvo la aplicación de las leyes que protegen a los menores en caso de que sus padres tengan que cumplir penas de cárcel.
La incautación de bienes o el pago de sanciones pecuniarias se dan como improbables, por no decir imposibles, dada la condición de insolvencia en la que viven habitualmente aquellos que delinquen; por tanto cabe pensar que, de aplicarse la ley como se dice, tanto en A Coruña como en Ferrol, donde abundan los furtivos, el número de personas que podrían ser detenidos y, tras el juicio pertinente, encarcelados, es bastante.
Si a estos añadimos los incumplidores en materia de pesca, es probable que los despachos judiciales y las cárceles se queden pequeños para acoger a cuantos, sin poder alegar ignorancia como eximente de sus incumplimientos de legalidad, se verán en la obligación de dar cuenta de los mismos.
