La conselleira do Mar, Rosa Quintana, defendió ayer en el Parlamento que la Xunta logró "rebajar" los pagos exigidos y solo deberá pagar el 10% de las sanciones que reclamaban Insuiña (filial de Pescanova) y Acuinor por la decisión de impedir la construcción las piscifactorías que tenían previstas en cabo Touriñán y Rinlo, respectivamente. Quintana indicó que el Ejecutivo gallego deberá abonar 1,9 millones a las dos compañías, frente a los 17,5 que sumaban las dos demandas, y culpó de las condenas -dictadas por el Tribunal Supremo- a la Xunta bipartita, que fue la que paralizó los proyectos en 2006 y 2008.

Precisamente, la conselleira do Mar contrapuso la gestión del Ejecutivo formado por PSdeG y BNG con la actual y anunció que la política acuícola de la Xunta permitirá que "en próximas fechas" se ponga en marcha en Cervo (Lugo) una planta acuícola "con una inversión de 24 millones de euros" y que creará "25 empleos directos y 50 indirectos".

Según Quintana, los responsables de la Xunta en aquel momento "prefirieron tirar para delante" con el rechazo a estas instalaciones, "que eran viables", dijo, "a pesar de que sabían" que las empresas pedirían indemnizaciones.