Remodelación. Cambiar algo para que no todo siga igual. O eso se espera.

La Xunta recupera para la Administración autonómica una Consellería do Mar (seguirá un camino independiente el departamento de Medio Rural) que, específicamente, debiera ocuparse de las cuestiones marítimo-pesqueras y en sustitución de la Consellería de Pesca de la que siempre se dotó el Ejecutivo autonómico hasta la llegada de Núñez Feijóo.

Es probable que, de esta forma, Rosa Quintana (que continúa al frente del departamento) disponga de más tiempo para atender las muchas necesidades que el sector pesquero tiene en el país gallego. Y no sería malo que la conselleira do Mar eche un vistazo a los planteamientos utilizados por el abogado José Ortega, en nombre de la Comisión Interfederativa de Cofradías de la Comunidad Valenciana, para poner en evidencia el cambio radical en la legislación existente hasta hace unos meses y que obligaba a arrojar al mar el pescado no deseado (descartes).

El citado abogado considera que ese cambio legislativo es un fraude del que inicialmente se culpó a los ecologistas y se dirigió la atención hacia una ONG denominada Ni un pez por la borda. Se ha dicho que esta organización medioambientalista había recogido 175.000 firmas de apoyo que entregaron al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea pidiendo el descarte cero.

Sin embargo, pudo saberse que esta asociación de ecologistas nunca había existido y que, tras el planteamiento de los descartes y la erradicación de estos estaba un lobby mundial denominado IFFO cuyos intereses para nada son ajenos a las fábricas de piensos o harinas de pescado.

Los descartes no van a ser tales en poco tiempo, por cuanto los barcos que capturen especies que por tamaño o nula rentabilidad comercial, o por cuestiones tan simples como puede ser el que se capturen especies asociadas a las que son objetivo de las distintas flotas, han de ser trasladados al puerto en el que el barco que los haya pescado efectúe sus ventas legales.

Lo que nunca se ha aclarado debidamente es qué se hace con esos descartes en los puertos de venta. Y sería muy conveniente conocer si, detrás de esta modificación legislativa no estarán también los intereses de los fabricantes de harinas de pescado, en muchos casos vinculados a la acuicultura dado que los piensos utilizados en esta en buena medida son harinas de pescado.

Desligarse en este momento de las responsabilidades en materias como la ganadería, la agricultura, montes, etc., puede ser un refuerzo a la dedicación de Rosa Quintana al sector marítimo-pesquero, necesitado como está este de una acción de Gobierno plena, absoluta.

Todavía tiene tiempo de demostrarlo, porque la actual legislatura se lo va a permitir. Y trabajo a realizar lo tiene en abundancia, con un sector que afila sus garras para hacerse notar y que la Xunta cambie el rumbo.