El patrón del pesquero Nuevo Pepita Aurora, que naufragó hace ocho años en las costas de Barbate (Cádiz) causando la muerte de ocho marineros, José Vega, fue condenado ayer a 18 meses de prisión y a indemnizar a las familias de los fallecidos con 150.000 euros para cada una de ellas. La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras (Cádiz) dictó esta sentencia, que incluye también indemnizaciones de 35.000 euros para cada uno de los siete tripulantes que sobrevivieron a la tragedia, después de que todas las partes alcanzaran un acuerdo de conformidad, lo que evitó el juicio que iba a iniciarse en la mañana de ayer y que estaba previsto que durase cuatro días.
De esta forma, el proceso judicial que duró ocho años, desde que el 5 de septiembre de 2007 el pesquero se hundiera en medio de un temporal cuando regresaba de faenar en Marruecos, se resolvió con una sentencia de conformidad en una vista que duró apenas unos minutos.
Con la sentencia, José Vega acepta ser responsable de ocho homicidios imprudentes, siete delitos de lesiones imprudentes y uno contra la seguridad del trabajo, por los que el fiscal pedía en un principio cuatro años de prisión para él y las acusaciones particulares hasta veinte años de cárcel. No se han visto reducidas las cantidades que el fiscal pedía para él como indemnizaciones para las viudas y para los supervivientes por una tragedia que, según las acusaciones, tuvo sus principales causas en las "gravísimas e irresponsables" conductas del patrón del pesquero. Según su investigación el barco no pudo afrontar el temporal, cuando navegaba a 14 millas de Barbate, por un exceso de peso y porque tenía taponadas las puertas de desagüe.
El abogado del patrón del Nuevo Pepita Aurora mostró ayer su satisfacción con el acuerdo -no supondrá la entrada en prisión del condenado- y, sobre las indemnizaciones, avanzó que el patrimonio del patrón no es suficiente para cubrir la cuantía total y se declarará insolvente. El abogado de las viudas, por su parte, anunció que, ante esta situación, iniciará otro proceso para pedir responsabilidad patrimonial al Estado.
