Es conocido que Bruselas delega en los estados miembros el reparto de las cuotas de aquellos totales admisibles de capturas (TAC) que, previamente, aprueba la organización supraestatal. Por tanto, poco cabe esperar del resultado del viaje a la capital europea de los representantes de Acerga.

Que nadie se llame a engaño, porque lo más probable es que regresen sin soluciones a la pradera de San Caetano donde acampan desde hace tres semanas varios de los compañeros de aquellos que, presumiblemente, será la primera vez que viajen al centro europeo que coordina la política pesquera comunitaria.

Porque quien decide lo que se ha de repartir no es otro que el Ministerio de Agricultura, a quien supuestamente remitirá la UE a los miembros de Acerga para que diriman el conflicto. Otra cosa es que aconsejen, se den por enterados de lo que ocurre (que conocen perfectamente, por otro lado) y tomen nota de lo que los cerqueros quieran explicarles. Pero en cuanto a resultados, me temo que será un viaje infructuoso. Porque, en teoría, la UE no es nadie para inmiscuirse en cuestiones internas de un estado miembro una vez repartidos los TAC.

En el fondo sí quedará la satisfacción de poder decir a los responsables de la pesca comunitaria que no es de recibo que ese reparto sea tan desproporcionalmente asignado, que no hay derecho a que un solo barco vasco (no tienen culpa los arrantxales) acumule tantos derechos de pesca como 20 barcos gallegos. Tienen el mismo derecho a pescar, pero proporcionalmente.

Si del viaje sobrevienen otras cuestiones favorables, miel sobre hojuelas; pero no creo que sea el caso. Porque el club comunitario otorga a los países miembros la soberanía de la que este carece en la estructura europea a efectos de la distribución posterior de las porciones del pastel pesquero. Es decir: que España reparta las migajas de lo que Europa le da. Y que lo haga adecuadamente, que no parece haber sido lo realizado.

Es, de todas todas, al Gobierno español a quien corresponde la asignación a cada comunidad autónoma. Y no cabe duda: País Vasco, por un lado, y Andalucía por el otro, son los grandes beneficiados de un reparto que, hasta ahora, siempre tuvo a Galicia como objetivo principal por su peso específico en flota y tripulantes, además de por su alta dependencia de la pesca.