La flota gallega abanderada en Francia tiene un problema. El país vecino ha decidido obligar a las tripulaciones de estos buques de capital español a cotizar en su Seguridad Social (Établissement National des Invalides de la Marine, ENIM), lo que según el Instituto Social de la Marina (ISM) afecta a 500 marineros que están embarcados en unos 50 buques españoles, buena parte de ellos gallegos. Los armadores, presionados, han pedido ayuda tanto al ISM como a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para que medie en este asunto que consideran ilegal al verse respaldados por el reglamento europeo. El país galo ha dado de plazo hasta el 15 de enero para regularizar su situación, de lo contrario no dejarán salir a los buques a faenar.
Fuentes del sector consultadas por este periódico señalan que los consignatarios -persona que representa al buque en el país- en Francia fueron informados, pero que sin embargo "no se produjo ningún comunicado oficial" a los armadores. Además, se escudan en una normativa europea -concretamente en el artículo 11.4 del Reglamento número 883/2004, fechado en el 29 de abril de 2004- sobre coordinación de los sistemas de seguridad social en la que se establece que un tripulante puede cotizar en el Estado miembro de origen (España en este caso), retribuidos por empresas con su sede social en ese país pero que trabajan a bordo de buques de bandera de otro Estado miembro (Francia).
Sabiendo esto, desde el sector opinan que se trata de una desobediencia a las leyes comunitarias, así como una forma de chantaje al amenazar con impedir faenar a los pesqueros, por lo que quieren impedirlo a toda costa. ¿El motivo? Muchas son las desventajas que conlleva aceptar las peticiones galas. Por un lado, los armadores creen que para ellos será más caro y estiman que tendrán unos 900 euros mensuales más de gastos para sus empresas, además de tener que pasar por todo el papeleo. Para los pescadores supondría en un futuro tener que reclamar la doble pensión (de España por los años cotizados y de Francia a partir de ahora). En definitiva, un "cambio de dinámica" que los armadores y los tripulantes no quieren llevar a cabo.
Pérdida de cotizantes
Para España el cambio significaría, además, la pérdida de al menos esos 500 cotizantes a su Sistema de Seguridad Social, un sistema mermado en el que se prevé que la hucha de pensiones esté vacía antes de 2020.
El sector tiene claro que este problema, que ya se viene intentando resolver desde octubre, solo se podrá solucionar a partir de la intervención directa de los responsables de las carteras de Seguridad Social de ambos países. Por este motivo, la ministra Fátima Báñez ya ha recibido un escrito para que tome cartas en el asunto, así como los responsables provinciales y centrales del Instituto Social de la Marina.
