La batalla judicial del cerco gallego contra el reparto de cuotas que establece el plan de gestión del caladero Cantábrico Noroeste ha comenzado por partida doble. La Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga) presentó la semana pasada, como había anunciado en reiteradas ocasiones, un recurso judicial en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional contra la orden aprobada por el Gobierno. Mientras, un grupo de armadores integrados en Acerga interpuso otro un recurso, a título individual, ayer mismo.
El portavoz de Acerga -que agrupa a la mayoría de barcos de esta flota en Galicia-, Andrés García, se mostró convencido de que los recursos serán admitidos a trámite. "Este plan lo tiene todo para ser anulado, igual que los anteriores", aseguró. Los cerqueros gallegos ya recurrieron el plan de 2014 y siguen aguardando una sentencia, pero no están solos. El documento de 2013 ya fue derogado por la Audiencia Nacional el pasado año tras la denuncia de dos armadores de Ribeira. El mismo tribunal también invalidó la distribución de caballa y jurel de 2014 y admitió a trámite un nuevo recurso del Principado de Asturias al plan publicado el pasado mes de noviembre.
La asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia (Asoar-Armega) anunció recientemente que también prepara acciones legales contra la orden de 2015. "Cuando procedes de esta manera, es lógico que el sector se ponga en tu contra", asevera García.
Una vuelta al mar "negativa"
La batalla judicial comienza cuando la flota gallega de cerco acaba su primera semana de actividad tras un amarre que duró más de tres meses. Unos primeros días "negativos", según Acerga, por la escasez de jurel y la imposibilidad de pescar sardina, por el plan de gestión conjunto con Portugal que rige la captura de esta especie. "No hay jurel en la costa en estos momentos, tendremos que esperar a que vuelva", explica García. El portavoz de la flota asegura que los únicos barcos que "salvaron los muebles" fueron aquellos que pescaron "algo" de bonito del Atlántico. "Para el resto, la actividad no es rentable, pero este oficio es así", añade el representante de Acerga con resignación.
La falta de pescado repercute en los precios de venta en lonja. Según García, el bonito alcanzó valores superiores a los cuatro euros por kilo en estos días, lo que supone un "repunte importante" con respecto al año pasado. El kilo de jurel se vendió ayer en Portosín por encima de siete euros, muy lejos del tope que alcanzó a comienzos de año, cuando el sector encadenaba más de dos meses de paro y esta especie llegó a alcanzar los 30 euros el kilo.
El cerco no podrá pescar sardina hasta marzo por la veda que impone el plan de gestión con Portugal para recuperar la especie. Los Gobiernos de ambos países negocian actualmente las cuotas para este año, en el que se prevé un recorte. "Necesitamos esas toneladas, que ya son escasas", advierte García.
